Pese que el gigante de Sudamérica tiene cada vez más casos de coronavirus, el presidente vetó la ley que hacía obligatorio el uso de tapabocas en las cárceles.
Pese a que el brote de coronavirus sigue creciendo a un ritmo acelerado en Brasil, San Pablo -el epicentro de la pandemia en el país- entró hoy en la tercera fase de desescalada, y el presidente Jair Bolsonaro vetó la ley que hacía obligatorio el uso de tapabocas en las cárceles, como hizo la semana pasada con la norma que lo imponía en comercios, iglesias y escuelas.
Mientras el país sigue firme en gran parte en su desescalada, la enfermedad que llegó a ser calificada de “gripecita” por Bolsonaro, superó los 1,6 millones de infectados y las 65.100 muertes.
Con estas cifras en ascenso, hoy se conoció el decreto con el veto presidencial a la ley que establecía “la obligatoriedad del uso de máscaras de protección individual en los establecimientos penitenciarios y de cumplimiento de medidas socioeducativas”, según reprodujo la agencia de noticias EFE.
En paralelo, la ciudad de San Pablo, la más populosa y más afectada por la pandemia con 7.600 muertes y 281.000 casos, avanzó a la tercera fase de flexibilización de las medidas de aislamiento con la reapertura de sus bares, restaurantes y salones de belleza, con un protocolo que incluye una serie de restricciones y un horario de funcionamiento limitado.
El alcalde de San Pablo, Bruno Covas, alertó que esta nueva fase “no debe confundirse con la conmemoración del fin de la pandemia” y pidió a los paulistas que eviten escenas como las de Río de Janeiro la semana pasada, cuando cientos de personas se aglomeraron sin tapabocas en las veredas del acomodado barrio de Leblon en la primera noche de reapertura de bares y restaurantes de la capital fluminense.
Estas imágenes coincidieron con la decisión del Gobierno nacional de vetar las leyes que ordenaban usar tapabocas.
Según el argumento del Gobierno, la obligatoriedad del uso de tapabocas en lugares cerrados y propiedades privados podría incurrir en una “posible violación de domicilio” contraria a la Constitución.
Sin embargo, la mayoría de las normas vetadas por el mandatario en relación al uso obligatorio de tapabocas estaba dedicado para espacios públicos o compartidos, no viviendas privadas.
Brasil es el segundo país del mundo con más casos y muertos por la pandemia, solo superado por Estados Unidos, que atraviesa también una curva ascendente y en donde el uso de tapabocas es un tema de polémica.
Según EFE, los datos sobre la incidencia del coronavirus en el sistema de prisiones, uno de los más poblados y hacinados del mundo, con cerca de 750.000 presos, son 5.000 casos confirmados y 70 muertes.
Los vetos de Bolsonaro ahora deben ser analizados por el Congreso, que si consigue los votos para alcanzar una mayoría especial podría anularlos.
Pero más allá de lo que suceda en el Poder Legislativo nacional, la corte suprema brasileña estableció en medio de la pandemia que los estados y municipios son los que definen las medidas de prevención sanitaria, como cuarentenas, distanciamiento social y restricciones de circulación o actividad comercial en sus jurisdicciones.
Aún más que en Estados Unidos, el uso obligatorio de los tapabocas -y en consecuencia el reconocimiento de la gravedad de la pandemia- se ha convertido en Brasil en una cuestión central de la profunda crisis política que atraviesa el país.
El mes pasado, un juez federal dictaminó que Bolsonaro tenía que usar un tapaboca siempre que estuviera en público, pero un tribunal de segunda instancia anuló esa decisión tras un recurso de la Abogacía General de la Unión, que representa los intereses del Estado brasileño.
Bolsonaro, quien en mayo insistió con la defensa del consumo de la cloroquina, apuesta ahora por la vacuna contra el coronavirus y tiene entre manos los ensayos de dos de ellas, una desarrollada por la Universidad de Oxford y la otra por el laboratorio chino Sinovac, esta última coordinada por el centro de investigación Instituto Butantan de San Pablo, que pretende ser testada en 9.000 voluntarios, todos ellos profesionales de salud, a partir del próximo 20 de julio en seis estados del país.