El gobernador Rodolfo Suarez viajará hoy a Buenos Aires. Allí firmará junto a los otros gobernadores el nuevo pacto fiscal, que tendrá modificaciones con respecto al vigente.
Del encuentro en Casa Rosada particiaprán a demas del presidente, el ministro el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.
Algunos gobernadores no estrán de manera presencial sino que seguiran el acto desde sus provincias, quien no formará parte de la firma del convenio será el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien no estaría de acuerdo con la quita de un punto de la coparticipación por el traspaso de la Policía Federal al ámbito de la CABA.
El primer consenso fiscal, firmado en 2017, establecía la rebaja de los impuestos provinciales paulatinamente. Por la crisis del año siguiente fue modificado y, a la llegada de Fernández al poder, fue suspendido -con aval de los gobernadores- en diciembre de 2019. La suspensión vence el 31 de diciembre próximo, razón por la cual urge la nueva firma.
El objetivo del nuevo pacto será entonces el de frenar la baja de impuestos locales que obligaba el primer consenso, para evitar la caída de recaudación tanto en el ámbito provincial como municipal, profundizada por la crisis generada por la pandemia de Covid-19.
Asimismo, Suarez y sus pares refrendarán un artículo que dispone que cualquier transferencia de servicios no debe hacerse a cuenta de fondos coparticipables. También establecerá límites al endeudamiento de las provincias en dólares.
Detalle del pacto
Entre los puntos que se incluirán en el nuevo pacto fiscal, se incluye la rebaja del impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), que afectaba a las provincias, que por otro lado tendrán con el acuerdo más límites para llevar adelante un endeudamiento en dólares. Uno de los aspectos que generó mayores controversias para el gobierno porteño del nuevo acuerdo y por el que se explicaría la ausencia de Larreta es el que establece un plazo de dos años para poder accionar ante la Corte y realizar un reclamo por cuestiones vinculadas a la coparticipación, tema que tiene enfrentados a la ciudad y el Ejecutivo, por el recorte en el presupuesto por la transferencia de la policía al distrito porteño.
En ese sentido, de establecerse ese plazo la ciudad debería cancelar la presentación judicial por la quita de recursos por ese lapso de tiempo, por lo cual el gobierno porteño espera la eliminación de ese punto, así como también cuestionan mantener la exención del impuesto sobre los ingresos brutos a las Leliqs.
De esta forma se dejará atrás el impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017, tras ser aprobado casi por unanimidad en el Senado un año atrás el proyecto que suspende la iniciativa del gobierno anterior.