Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, confirmó que la norma se implementará de manera “rápida” y que el oficialismo trabajará “activamente” para defenderla ante posibles judicializaciones.
Tras la aprobación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), desde el Gobierno nacional anunciaron que ya está en marcha la etapa de reglamentación de la ley y vaticinaron que estará disponible en forma “rápida” para las personas gestantes.
Así lo dijo este miércoles la secretaria de Legal y Técnica del Gobierno, Vilma Ibarra, quien además remarcó que “las causas penales abiertas contra mujeres que abortaron se cerrarán desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial”, que debe producirse en un máximo de 10 días hábiles.
La legalización del aborto quedó aprobada en las primeras horas de este miércoles tras una extensa sesión en el Senado luego de la media sanción otorgada por Diputados a principios de diciembre.
La votación del Senado, que se preveía reñida, quedó al final en 38 votos positivos, 29 negativos y 1 abstención. Así la ley fue sancionada en el segundo intento en que el proyecto llegó al Parlamento, tras el que quedó trunco en 2018.
Ibarra sostuvo que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es “una norma robusta jurídicamente” y anunció que el Gobierno trabajará “activamente” para defenderla ante posibles judicializaciones.
“Es común que quien pierda quiera judicializar. Nosotros somos signatarios como país de diversos convenios, tratados y pactos de derechos humanos y todos los organismos internacionales nos recomiendan la legalización del aborto”, continuó la funcionaria.
Silvia Elías de Pérez, legisladora por la UCR de Tucumán había anticipado minutos antes de la sesión del martes que “si el proyecto se convierte en ley iremos a la Justicia para que sea declarada inconstitucional”. Y agregó que “la Argentina se ha obligado a estándares altísimos de protección de la vida desde la concepción”, lanzó.
En el mismo sentido, Ibarra señaló la necesidad de “garantizar la accesibilidad del derecho”, dado que en el proyecto de ley se introdujo la objeción de conciencia.
“No puede prevalecer el derecho de objeción de conciencia sobre la práctica. Queremos garantizar la práctica. En este tema tenemos desafíos de implementación”, aclaró Ibarra, que reconoció que es posible que haya “piedras en el camino”.
En cualquier caso, adelantó que habrá “sanciones” para quienes demoren “en forma injustificada” un aborto y señaló que “tiene que haber al menos una persona” que pueda efectuar el aborto.
Respecto a posibles personas gestantes extranjeras que quieran viajar a Argentina para practicarse un aborto legal, Ibarra aseveró que no van a permitir “un negocio de quienes quieran utilizar el sistema de salud en Argentina”.
La funcionaria adelantó que cualquier argentina o residente en Argentina podrá acceder al aborto, pero indicó que “volver a sus destinos” después de practicarse la interrupción del embarazo es algo que van a “ir evaluando”.