La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, repudió el fallo de los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi que cuestionaron el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación y calificaron a los médicos que practicaron la ILE a una niña de 13 años que fue había sido violada como “sicarios” y “asesinos a sueldo”
También mostró preocupación por el fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal que modificó la calificación jurídica de la condena dictada por el Tribunal Oral Criminal 4 en junio de 2018 en el caso de Diana Sacayán eliminando el agravante vinculado al odio por identidad de género.
“Es inadmisible que existan prácticas judiciales como las de los jueces Rizzi y Anzoátegui, que siguen avasallando los derechos de las mujeres y desconociendo los fallos de la CSJN”, sostuvo la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. La ministra también expresó: “Estas acciones se suman a otras, como la de la Cámara Nacional de Casación Penal en el caso Diana Sacayán y evidencian la falta de perspectiva de género en la administración de justicia de nuestro país. La necesidad de transformación es urgente”.
Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales de la Secretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, por su parte señaló que “el Protocolo ILE es una herramienta central para garantizar el acceso a los abortos no punibles que cumplen con las causales establecidas en el Código Penal desde 1921. Además, brinda un criterio unificado para la atención de las personas en todos los centros de salud, lo que permite que toda aquella que lo necesite pueda acceder a este derecho en igualdad de condiciones en cualquier punto del país”. Y agregaron: “Calificar al Protocolo ILE como un manual de salvajadas humanas es desconocer por completo la ley y los derechos de las personas gestantes”.
En relación al fallo en el que los integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal quitaron el agravante de “odio a la identidad de género”, Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad, y Carolina Varsky aseguraron: “La jueza Patricia Llerena y los jueces Gustavo Bruzzone y Jorge Luis Rimondi están negando la identidad de género travesti por fuera del binarismo sexual y esto constituye un grave retroceso ya que el fallo en primera instancia había reconocido por primera vez en la historia judicial argentina el concepto de travesticidio. Esta es la cuestión de fondo”.
Por último Varsky señaló: “Estamos obligadas y obligados a repensar las prácticas, organización y funcionamiento de los poderes judiciales de nuestro país. Hablar de incorporar la perspectiva de género no forma parte de una retórica vacía de sentido sino que implica cambiar de manera rotunda el modo en que se mira cada caso y la integralidad del sistema judicial. Es intolerable sostener un sistema que reproduce desigualdades y las legitima constantemente”.