La Corte de Estados Unidos ha dado un plazo límite para este martes a las partes involucradas en la causa que podría anular la millonaria condena de 16.100 millones de dólares que Argentina debe pagar debido a la nacionalización de YPF durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
La Fundación Acción Republicana por Argentina presentó una solicitud ante la justicia estadounidense para investigar a quienes participaron en la estatización, como parte de la condena que obliga al país a abonar esa considerable suma a los fondos de inversión Burford y Eton Park.
El abogado Fernando Irazu, quien representa a esta fundación, declaró a EFE que la jueza Loretta Preska emitió una orden que requiere respuestas de todas las partes en litigio. “El Estado argentino e YPF tienen plazo hasta el martes 25 para presentar sus respuestas, tal como ha indicado la jueza. Es crucial que se respalden los fundamentos de esta solicitud para proteger los intereses de todos los argentinos”, señaló Irazu.
Hay una oportunidad de que el fallo se revierta a favor de Argentina respecto a la condena que obliga al país a pagar una suma millonaria por la manera en que se llevó a cabo la estatización de YPF en 2008. Este cambio potencial está ligado a la demanda presentada el lunes pasado por la organización civil Acción Republicana por Argentina (RAFA), que ha estado involucrada en otros litigios internacionales en defensa de intereses argentinos.
Esta semana será determinante, ya que la jueza Preska tomará decisiones finales tras recibir las respuestas de las partes antes de la fecha límite, el 25 de febrero.
Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI y diputado nacional, instó este domingo al Gobierno de Javier Milei a responder con urgencia a la consulta abierta por la jueza Preska. Ferraro destacó la relevancia de la acción iniciada por la ONG RAFA, que, sumada a la denuncia de Elisa Carrió sobre el vaciamiento de YPF, podría lograr que la jueza anule la sentencia que obliga a Argentina a pagar la deuda millonaria.
"Gracias a la presentación de Acción Republicana por Argentina y la denuncia de @elisacarrio y la Coalición Cívica, que el juez Ariel Lijo tiene archivada desde hace años, la jueza Loretta Preska podría revertir su fallo en contra de la Argentina", expresó Ferraro a través de su cuenta en la red social X.
Ferraro remarcó la importancia de que el Gobierno nacional actúe de manera responsable y presente una respuesta antes del 25 de febrero. “En juego está la protección de los bienes de todos los argentinos ante la corrupción y la falta de acción”, agregó.
Por su parte, la diputada nacional Marcela Campagnoli, también de la Coalición Cívica ARI, se unió al llamado de Ferraro y pidió que el Gobierno e YPF respondieran antes de la fecha límite establecida por la jueza Preska. “Si responden a tiempo, tengo razones fundadas para creer que el fallo podría ser revocado, lo que implicaría un ahorro de casi 17.000 millones de dólares”, aseguró.
Campagnoli recordó que la presentación ante la justicia estadounidense se basa en la denuncia de 2006 de Elisa Carrió sobre el vaciamiento de YPF, junto con el informe de la UIF de 2018 a cargo de Mariano Federici, que pone en evidencia la inacción del juez Ariel Lijo.
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