“Olé, olé, olá, olá, Dina asesina, te vamos a sacar”, gritaban los manifestantes en el reinicio de las movilizaciones que entre diciembre y marzo dejaron 49 civiles muertos por la respuesta de la Policía y las Fuerzas Militares y que habían entrado en paréntesis en medio de la represión y de desastres naturales.
Cientos de policías vigilaban a los participantes desde sitios adyacentes, sin que al menos en principio se registraran choques a pesar de la tensión.
“Estamos acá para protestar, porque estamos frente a una dictadura que controla todos los poderes, controlan el Congreso, la Justicia, la Fiscalía”, le dijo a Télam una participante que se identificó como Aurora, profesora de unos 50 años.
“Somos peruanos, simplemente peruanos, acá no hay ningún terrorista”, añadió el dirigente barrial Luis Vilca, en referencia a las afirmaciones del gobierno y sus aliados de que la protesta fue promovida por el desactivado grupo armado ultraizquierdista Sendero Luminoso.
La llamada Toma de Lima buscaba concentrar en la capital peruana a manifestantes de diversos puntos del país, pero, según los primeros indicios, la llegada no fue tan masiva como esperaban los organizadores.
El gobierno, criticado nacional e internacionalmente por el “exceso de fuerza” con que respondió a las protestas, ordenó retenes en las afueras de la ciudad, lo que aparentemente desestimuló la llegada, sobre todo desde el sur andino, donde están los mayores focos de oposición.
El ambiente también se alteró por los anuncios de la alcaldía de Lima, en manos del ultraconservador Rafael López Aliaga, aliado de Boluarte, con respecto al uso de cámaras para identificar plenamente a los participantes y responder así a eventuales actos de vandalismo.
La administración de López Aliaga incluso prohibió las movilizaciones en el centro de la capital, una medida también adoptada por distritos residenciales, como Miraflores, lo que genera que en cada protesta haya de arranque un ambiente de tensión.
“¿Qué democracia es esta? En una democracia no se mata a quienes protestan, no se les persigue”, dijo en medio del bullicio Ana María Yucra, comerciante informal de unos 45 años que llegó al centro de Lima con un grupo de manifestantes del empobrecido distrito limeño Villa El Salvador.
Yucra tomó fuerza para hablarles cara a cara a los policías: “Piensen, no se confíen, no maten, Dina va a caer y a ustedes no los va a defender nadie”, les gritó a los uniformados, que miraban hacia otro lado o respondían con sonrisas.
Las primeras manifestaciones contra Boluarte, que comenzaron desde el mismo 7 de diciembre, cuando al asumir el poder en reemplazo del destituido Pedro Castillo anunció que pretendía quedarse hasta 2026, cuando termina el período de gobierno, se prolongaron por tres meses.
Los 49 muertos directamente entonces en las protestas, que suben hasta alrededor de 70 si se tienen en cuenta hechos colaterales, crearon un marco de tensión y de aparente colapso que, sin embargo, se descomprimió con los desastres naturales, que incluyeron un huracán y decenas de inundaciones en varios puntos del país.
Ahora, la oposición busca reactivar las movilizaciones con base en el malestar ciudadano, que se refleja en todas las encuestas, en que más de 80% rechaza al Gobierno, más de 90% repudia al Congreso y alrededor de 90% exige elecciones anticipadas.
Sin embargo, el eco no parece ser el de antes, lo que analistas como Martín Ueda y Roger Santa Cruz atribuyen a que la oposición no tiene figuras visibles o están igualmente desprestigiadas. Empero, los expertos enfatizan que el rechazo a Boluarte y sus aliados se mantiene rígido.
La marcha de hoy, que buscaba ser un nuevo capítulo de lo ocurrido a partir del 19 de enero, cuando miles de pobladores llegaron desde diversas provincias para centralizar las demostraciones de fuerza en Lima, estuvo encabezada por organizaciones sindicales y barriales, incluidas las dos mayores centrales peruanas.
Asimismo, se notó la presencia de partidos de izquierda y centro, entre estos últimos Perú Primero, naciente colectivo del expresidente Martín Vizcarra, que participó bajo la consigna de “no a la dictadura congresal”.
Asimismo, se vieron carteles de respaldo a Castillo y a su primera ministra Betssy Chávez, ahora encarcelados por el intento de disolver el Congreso y, en el caso del exmandatario, por investigaciones por corrupción.
Foros internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han criticado la forma en que Boluarte y su primer ministro, Alberto Otárola, encaran las protestas, con la represión militar y policial como primera reacción.
Esos foros incluso hablan de “ejecuciones extrajudiciales” después de que diversas investigaciones, que incluyeron tomas de cámaras de video, establecieran que en varios casos se disparó a quemarropa a ciudadanos que protestaban sin hacer uso de la fuerza.
El gobierno y sus aliados, sin embargo, se niegan a admitir cualquier responsabilidad y culpan por todo a los manifestantes, a los que reducen básicamente a simpatizantes de Sendero, a personas movilizadas por el narcotráfico u otras formas delictivas e incluso a agentes extranjeros.
Según fuentes confidenciales de los servicios de inteligencia citados por el semanario Hildebrandt en sus Trece, Boluarte y Otárola consideran a las protestas y a otras que eventualmente podrían darse en los próximos días como un momento clave, pues estiman que si las superan llegarán hasta 2026.