Se debe al golpe de Estado denunciado por Evo Morales. Además de Áñez, se pidió la detención de varios de sus colaboradores.
Bolivia vivió hoy una jornada de alta tensión política después de que un fiscal de La Paz ordenara la detención de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, (2019-2020) y varios de sus colaboradores, en un proceso abierto por el “golpe de Estado” a Evo Morales en 2019.
“Denuncia pública. De manera ilegal y abusiva han detenido a Rodrigo Guzmán, exministro de Energías, por el caso armado de ‘golpe de Estado’; además hay orden de aprehensión en contra de Jeanine Áñez, el exministro de la Presidencia Yerko Núñez y en contra mía”, denunció el exministro de Justicia Álvaro Coimbra en su cuenta de Twitter.
Coimbra fue detenido esta tarde y estaba siendo trasladado a La Paz. Más tarde, la propia Áñez, que hasta esta tarde no había sido detenida, deploró por esa red social el accionar de la justicia al subrayar que “la persecución política ha comenzado”.
“El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena, porque Bolivia no necesita dictadores sino libertad y soluciones”, criticó la exgobernante en su cuenta de Twitter.
En un segundo y último tuit, sostuvo que la persecución representa “la práctica socialista” y agregó que “mienten sin ruborizarse, reescriben historias para justificar abusos”, a la vez que reiteró su postura de que “no fue un golpe, fue sucesión constitucional debido a un fraude electoral”.
“Renunciaron quienes no se atrevieron a recibir un país convulsionado, ya que el principal responsable HUYÓ!”, exclamó en alusión a Morales.
La acción contra Áñez fue revelada en medio de la tensión provocada por previas órdenes de detención contra exjefes militares y policiales que habrían participado en el derrocamiento de Morales (2006-2019) en noviembre de 2019, en un proceso activado por una denuncia de la exdiputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.
Esa orden, según un fragmento divulgado por Coimbra, afectaba a varias personas: Áñez, cinco exministros y seis jefes militares, aunque no figuraban los excomandantes de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman y Serio Orellana, y de la Policía, Yuri Calderón, citados en mandamientos previos de detención.
Los cinco exministros incluidos en la lista eran, además de Coimbra y Guzmán, los de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, ambos refugiados en Estados Unidos, y de la Presidencia, Yerko Núñez.