La presencia del sindicato de Camioneros en los supermercados no tuvo un buen inicio, y la medida del Gobierno no le cayó muy bien al sector empresarial.
La tensa relación es desde que se conoció la inserción de Pablo Moyano al programa de acuerdo de precios en calidad de “controlador” tensó la cuerda entre el Gobierno y el sector privado justo cuando el ministerio de Economía busca convencer a los empresarios de prolongar el acuerdo hasta fin de año.
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El sindicato de Camioneros, que ya visitó los centros de distribución de Coto, Carrefour y Cencosud durante la semana pasada, había anunciado que iría por Changomas (ex Walmart) ayer. Pero eso no sucedió.
Todo esto aprobado por el ministerio de Economía. De hecho, Sergio Massa relativizó el asunto. Dijo que el sindicato “no controla, sino que abastece el proceso de información”.
Pero el propio comunicado del sindicato de camioneros lo corrige y habla de control: “Es de suma importancia que los grandes centros de distribución cumplan con el abastecimiento y así garantizar que los productos se encuentren en las góndolas; a tal fin el Sindicato de Camioneros, luego de reunirse Pablo Moyano con el secretario de Comercio, comenzaron un trabajo en conjunto donde se realizan los controles en diferentes centros de distribución cómo es Coto, Carrefour y Disco, entre otros. El objetivo es garantizar la implementación del programa y así cuidar el poder adquisitivo de todas y todos los argentinos”.
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Como si fuera poco, este lunes el mismísimo Pablo Moyano, en una entrevista radial, sentenció y no dejó lugar a dudas: “Massa y Tombolini nos pidieron una colaboración para controlar los centros de distribución”.
Los empresarios creen que el Presidente de la Nación debería “ponerle un freno” a Moyano. Pero no confían en que vaya a hacerlo.
La segunda cuestión obedece al orden de la técnica y de la confianza. Para los empresarios, el propio programa provee un mecanismo de control ciudadana. Se refieren a la aplicación (disponible tanto en IOS como en Android) con la cual la gente, con el celular, puede controlar el cumplimiento del acuerdo de precios.
Dos asuntos se desprenden de eso. Por un lado el vínculo de confianza que existe entre el ministro de Economía y el sector privado: “Si decís que confiás en mí no necesitás mandarme un perro guardián a vigilarme”. Por otra parte, hay una cuestión técnica ya que el control formal del cumplimiento del programa depende del sector público. “Las funciones del Estado son en este plano indelegables, al tercerizar las responsabilidades de inspección y control en materia de abastecimiento, no es propio del Estado de derecho”, sostuvo el titular de la UIA y de la cámara de industrias alimenticias COPAL, Daniel Funes de Rioja.
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Dura tarea la de un gobierno que ahora busca extender el programa (que finaliza en febrero) hasta fin de 2023. “¿Mandando a Moyano a controlarnos? ¿Esa es la manera de venir a pedirnos que extendamos el acuerdo hasta fin de año?”, se pregunta un alto referente del sector privado.
Organizaciones sociales
Otra polémica estalló en los últimos días luego de trascender que movimientos sociales afines al Gobierno también se sumarán al control de precios en los supermercados.
Se trata de la agrupación Somos Barrios de Pie, liderada por Daniel Menéndez, con fuerte presencia en el Gran Buenos Aires-, quien además trabaja como subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social.
Desde el empresariado se mostraron en contra de que dirigentes del movimiento se hayan sometido a capacitaciones barriales para interiorizarse sobre el uso de la aplicación que se utiliza para el monitoreo de los precios.
Fuente: con información de TN.