Por amplia mayoría, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que había sido aprobado por Diputados y dispone “tolerancia cero” de alcohol para conductores de vehículos de cualquier tipo y peso.
Se trata de una norma que busca evitar los accidentes de tránsito por la ingesta de bebidas alcohólicas por parte de los conductores y así disminuir los altos índices de mortalidad en ese rubro.
Desde el oficialismo y organizaciones como Asociación Civil Luchemos por la Vida y Madres por la Vida celebraron la aprobación de la ley por parte de los senadores, apuntando también a los “desafíos” que la nueva norma conlleva, como mayores controles y sanciones a quienes la infrinjan.
Sin embargo, a pesar de los beneficios evidentes para la población que la ley implica, hay sectores que manifestaron su desacuerdo con la misma, anteponiendo sus intereses económicos sobre la vida de potenciales víctimas ante conductores alcoholizados.
La iniciativa aprobada este jueves por el Senado modifica el artículo 48 de la ley 24.449 de Tránsito, quedando prohibido conducir vehículos con una alcoholemia superior a cero miligramos.
Para comenzar los senadores que este jueves votaron en contra: los oficialistas sanjuaninos María del Carmen López Valverde y Sergio Uñac; y los opositores Alfredo Cornejo y Mariana Juri, de Mendoza; Roberto Basualdo, de San Juan; Julio Martínez, de La Rioja; Alfredo De Angeli, de Entre Ríos; Dionisio Scarpin, de Santa Fe; y Juan Carlos Romero, de Salta.
Como se ve, en su mayoría representantes de provincias productoras de vino.
La mendocina Mariana Juri, de Juntos por el Cambio, argumentó que la nueva norma “destruye miles de trabajos”, mientras que Alfredo Cornejo, también de Mendoza y de la misma alianza, se quejó porque “bajará el consumo (de vino), eso significa que habrá menos hectáreas para cosechar y, por lo tanto, menos trabajo”.
Finalmente y en el mismo sentido se pronunció la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), que nuclea a los principales productores, rechazando la aprobación de la Ley: “Este no es el camino, sino que por el contrario es una medida comprobadamente ineficiente e inviable” que no ofrece una solución a la problemática de la siniestralidad vial.
Además sostienen que “afectará fuertemente a las libertades individuales y dañará al sector gastronómico argentino, al enoturismo y a la industria vitivinícola, una actividad económica generadora de empleo de calidad que está presente en 18 provincias argentinas”.