La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) emitió un informe preocupante sobre la situación laboral en la industria de la construcción, indicando la pérdida de más de 80 mil puestos de trabajo desde diciembre pasado. Según el líder del gremio, Gerardo Martínez, esta crisis ha llevado a una disminución del 20% en febrero, continuando una tendencia a la baja que se ha mantenido sin reversión.
El informe de la UOCRA destaca que los empleos perdidos están estrechamente relacionados con obras públicas, donde alrededor del 25% de los empleos dependen de proyectos financiados por el sector público. La falta de pago de certificados de obra y la interrupción de transferencias de fondos a provincias han contribuido significativamente a esta situación.
Martínez subrayó que las provincias más afectadas por esta crisis son aquellas que dependen en gran medida de obras públicas, como Chaco, Chubut, Corrientes, entre otras. Sin embargo, destacó que algunas jurisdicciones con un peso significativo de obras privadas han logrado amortiguar el impacto, aunque también han experimentado una desaceleración en el ritmo de construcción.
El líder sindical expresó su preocupación por el impacto en la obra social Construir Salud, que ha perdido más del 20% de sus ingresos debido a la pérdida de empleos en el sector. Además, señaló que la UOCRA está brindando apoyo para mantener la sustentabilidad de esta obra social.
Ante esta situación, la UOCRA anunció un plan de lucha territorial y buscará alianzas con los gobernadores para revertir la paralización de la obra pública. El sindicato ha declarado el estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras públicas y privadas del país.
A pesar de la crisis, la UOCRA firmó recientemente un acuerdo salarial que contempla un aumento del 14% para febrero, en línea con la pauta salarial fijada por el Gobierno. Martínez explicó que este aumento refleja la realidad de una industria semiparalizada y empresas al borde del colapso, descartando una intención de bajar las pretensiones sindicales para aceptar el tope salarial propuesto por el Gobierno.