La Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento de Cristina Kirchner, por haber usado aviones de la flota presidencial para trasladar muebles -a sus hoteles en El Calafate- hacia el sur del país, durante el periodo de 2003 y 2015.
Mariano Llorens, uno de los tres camaristas, planteó en minoría que la Vicepresidenta debe ser detenida y sometida a juicio político.
"No es posible desconocer que los acontecimientos descriptos en este proceso no pueden ser comprendidos aisladamente de aquellas circunstancias que son de público conocimiento y que también son objeto de investigación judicial en el marco de otros legajos", argumentó Llorens, para quien la causa está apoyada en un "cuadro probatorio sólido", expresó Llorens.
Te puede interesar
Sucede que Llorens, fue el arquero en partidos de fútbol compartidos con el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu del juicio Vialidad que tiene entre sus imputados a la Vicepresidenta, consideró necesario "poner en conocimiento" del Parlamento la resolución judicial para que se evalúe el inicio de un proceso de juicio político.
El camarista se refirió a una “falta de ética” por haber utilizado el mismo medio de transporte para llevar diarios al sur y pidió que todas las causas penales contra la Vicepresidenta, se miren desde “una perspectiva integral y conjunta (...) que pusieron en evidencia la instrumentación de un esquema de corrupción estatal, instaurado entre los años 2003 y 2015″.
Te puede interesar
Sus colegas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en tanto, no tuvieron el mismo criterio y solo confirmaron el procesamiento de CFK y el embargo. En la resolución remarcaron que “utilizó en provecho propio un servicio pagado por la administración pública”.
La decisión de los jueces se dio luego de que la Cámara de Casación, máximo tribunal penal, les pidiera que vuelvan a pronunciarse. Es que el abogado de la Vicepresidenta, Carlos Beraldi, había rechazado la confirmación del procesamiento con un tecnicismo: consideraba que la Cámara de Apelaciones omitió tratar su reclamo de nulidad de la investigación y que no fue tratada.
Cristina Kirchner quedó acusada como partícipe necesaria del delito peculado -es decir, usar bienes del Estado para beneficio personal-, al trasladar muebles al sur.
Se comprobó que de 2003 a 2015 ese movimiento de aviones oficiales, habría costado unos US$600.000 al Estado.