La medida fue anunciada, mediante la resolución 2024-165, que está firmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La decisión le sigue a la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal en Rosario, el 6 de mayo pasado: una medida exprés que obligó al Consejo de la Magistratura, la Corte y la Procuración General de la Nación a redoblar esfuerzos para acondicionar edificios, redes digitales y construir salas de audiencias con recursos audiovisuales, ya que el nuevo proceso es oral, desaparece el expediente de papel y se reemplaza por un registro de video.
Y, lo más importante, el dinero para instalar el equipamiento en Rosario, que se calcula en unos 10 millones de dólares, fue aportado por el Consejo de la Magistratura y la Procuración General de la Nación. El Ministerio de Justicia adelantó un 30 por ciento y aún no reintegró el resto.
No está tan claro que en Mendoza el Ministerio de Justicia tenga el mismo apoyo urgente que brindaron la Procuración, la Corte y el Consejo de la Magistratura para poner en marcha el mecanismo en Rosario, una jurisdicción donde las urgencias del narcotráfico obligaron a todos los actores a actuar con celeridad.
Uno de los temas centras son los cargos que son necesarios cubrir, tanto en las fiscalías como en los juzgados. Por ejemplo, en Mendoza faltan tres camaristas, con el concurso avanzado en el Consejo de la Magistratura, dos jueces de garantías y la situación con los fiscales es más complicada.
Este cambio requiere además de edificios acondicionados con celdas y seguridad para que los detenidos participen de audiencias orales y circulen por un área diferente a la de los testigos y el público, personal, cargos y coordinación, cuestiones que, señalan en la Justicia, todavía no arrancaron.
Quieren ver cómo se empieza a consolidar el funcionamiento de este nuevo mecanismo, donde los jueces dejan de ser los dueños de la pelota y el poder pasa a los fiscales, que son los que investigan y hasta deciden, según el criterio de oportunidad, cuáles causas impulsan y cuáles deciden dejar de lado.
La resolución 2024-165 del Ministerio de Justicia agradece el compromiso de la Corte, el Consejo, la Procuración y la Defensoría en Rosario y señala que “resulta ahora impostergable redoblar los esfuerzos e intensificar las gestiones para completar sin demora el proceso de implementación referido. A tal fin, se considera propicio, oportuno, necesario y posible disponer por el presente acto la plena entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el Distrito Federal correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, a partir de las 00:00 horas del 5 de agosto de 2024″.
El Código Procesal Penal Federal (CPPF) fue reformado junto con actores judiciales, instituciones y miembros de la sociedad civil que participaron en grupos de trabajo reunidos en el Eje Penal del Programa Justicia 2020. Se aprobó a fines de 2018 en el Congreso Nacional, se reglamentó en febrero de este año y el lunes 10 de junio empezó a aplicarse en las provincias de Jujuy y Salta.
El nuevo Código Procesal Penal tiene carácter federal y se incorporaron al texto leyes especiales como las de Flagrancia, de Juicio Unipersonal, del Arrepentido, de Técnicas Especiales de Investigación, de Responsabilidad Penal Empresaria y de Ejecución de la Pena.
El nuevo proceso de procedimientos adopta el sistema acusatorio en la Justicia Federal penal para investigar y juzgar delitos como el narcotráfico, la corrupción, el lavado de activos y la trata de personas, el contrabando y los secuestros extorsivos, entre otros.
Responde a un modelo de justicia basado en la oralidad, con procedimientos más rápidos, sencillos y transparentes, a través de investigaciones y juicios ágiles. Su implementación se está realizando de forma progresiva, en diez etapas para abarcar todo el país.