Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, anunciaron este martes el envío de un paquete de proyectos al Congreso para combatir la delincuencia y el narcoterrorismo, con foco especial en la ciudad de Rosario y que incluye la modificación de la "Ley de Seguridad Interior".
La aprobación del paquete, indicaron voceros gubernamentales, permitirá la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, el endurecimiento de penas y el aumento de controles, entre otras iniciativas.
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La propuesta oficial consta de cinco proyectos en total: una iniciativa para combatir a Organizaciones Criminales -conocida como "Ley Antimafia"- otra sobre "Reincidencia y reiterancia"; una más que prevé un "Registro de ADN ampliado a todos los delitos y a partir del procesamiento"; y una "Ley de Orden Público" (incluye Penalidades a la organización de piquetes, Ampliación de la legítima defensa y cumplimiento del deber como causa de justificación, aumento de penas para el atentado y resistencia a la autoridad, y tipificación del bloqueo a empresas), además de la modificación a la Ley de Seguridad Interior.
Petri aseguró que ante la detección de actos terroristas, el presidente Javier Milei los instruyó para "actuar con total fuerza del Estado" y realizar tareas coordinadas que involucre a todos los poderes.
El accionar implica la modificación de la Ley de Seguridad Interior para "permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y garantizar operaciones de seguridad interior en un supuesto particular que es el de terrorismo".
"Estamos impulsando en el Congreso nacional una nueva legislación para que tengamos alternativas para que las Fuerzas Armadas, ante supuestos muy específicos, puedan realizar un mayor apoyo a las tareas de seguridad interior", amplió además.
El titular de Defensa aclaró que las Fuerzas Armadas solo podrán intervenir "si el Comité de Crisis define que existen actos terrorista y con la anuencia del gobernador de la provincia donde se pueda actuar". "No es para delitos comunes", aclaró.
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Según precisaron los ministros, la intención es avanzar en la modificación del Código Penal, por eso, se enviarán tres leyes autónomas caracterizadas como "necesarias", además de Seguridad Interior: la "Ley Antimafias", la de "Reiterancia" y la modificación en el registro de ADN.
Se trata de una serie de normas contempladas en la Ley Ómnibus que, amparado en su carácter de urgencia, el Gobierno optó por enviarlas en un paquete acotado.
Las penas que propone el Gobierno para los organizadores piqueteros
En otro pasaje de la conferencia, Bullrich sostuvo que avanzará en la reforma del artículo 194 del Código Penal para aumentar las penas de 4 a 6 años para aquellos "que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, y amenazas".
La dos veces titular de Seguridad especificó que los bloqueos a comercios, industrias y a cualquier tipo de establecimiento serán penados con 4 hasta 6 años de prisión. "Hay mecanismos institucionales, el derecho a la huelga y a impedir que las empresas trabajan es algo que va a estar agravado ", argumentó.
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