El presidente Alberto Fernández incluyó hoy el proyecto de "ley Lucio", que establece un plan de capacitación de funcionarios públicos para actuar en situaciones de violencia contra menores, en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, para que sea aprobado por el Senado.
Según pudo saber Télam de fuentes oficiales, el mandatario ya firmó el decreto, que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial y que agrega al temario de sesiones extraordinarias el proyecto de creación del "Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes".
La iniciativa establece un plan de capacitación de funcionarios públicos para actuar en situaciones de violencia contra menores, como sucedió con el asesinado niño Lucio Dupuy.
Fernández había anticipado en las últimas horas que tenía previsto "ampliar" el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias para incorporar ese proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y debe ser convertido en ley por el Senado.
Consultado sobre si tenía previsto contemplar ese proyecto en el temario de extraordinarias, el mandatario había señalado que buscaría "ampliar el tema" porque "ya se trató" en la Cámara de Diputados y "salió de comisión del Senado".
"Sí, días, atrás lo hablé con el abuelo de Lucio, ampliar el tema", respondió el mandatario ante una requisitoria periodística en el Palacio San Martín, después de haber mantenido reuniones bilaterales con pares de Cuba y Honduras, Miguel Díaz-Canel y Xiomara Castro, respectivamente, y con el asesor presidencial especial para las Américas de Estados Unidos, Christopher Dodd, entre otros.
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La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, había pedido este martes al Presidente que incorporara en el temario de sesiones extraordinarias, para que sea aprobado por el Senado, el proyecto de "ley Lucio".
En una nota enviada al mandatario, Moreau solicitó que se incorpore esa iniciativa aprobada con amplio consenso por la Cámara baja.
El proyecto, sancionado por 228 votos en la sesión del 9 de noviembre, establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con el Poder Judicial, elaborará un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
También busca promover los espacios y metodologías necesarias para garantizar el derecho a ser oídos de las niñas, niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales.