En un giro judicial que promete sacudir la escena política y empresarial, el juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al ex presidente Alberto Fernández y a 38 personas más en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en Nación Seguros, según revelaron fuentes judiciales a Infobae. El caso, conocido ya como el “escándalo de los seguros”, indaga en una serie de contratos millonarios gestionados durante la administración de Fernández y busca determinar si hubo abuso de poder, fraude o tráfico de influencias.
Fernández deberá presentarse el próximo 20 de noviembre en los tribunales, donde responderá a las preguntas del juez Ercolini en relación con los contratos de Nación Seguros con empresas privadas entre 2019 y 2023. Un día después, el 21 de noviembre, están citados el empresario Héctor Martínez Sosa, señalado como uno de los vínculos clave en estos acuerdos, y su esposa, María Cantero, ex secretaria personal del ex mandatario y figura central en la trama que investiga la Justicia.
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Funcionarios y empresarios bajo la lupa
La lista de indagatorias abarca además a otros destacados ex funcionarios de Nación Seguros, entre ellos su ex presidente Alberto Pagliano, junto a Gustavo García Argibay, Sebastián Díaz Bancalari y Mauro Tanos, quienes ocuparon cargos clave en el organismo durante el período investigado. También fueron convocados empresarios vinculados a las principales aseguradoras que obtuvieron contratos estatales, un punto que podría implicar complicidades entre el sector público y privado.
El juez Ercolini se centra en determinar si hubo manipulaciones en los contratos y si estas empresas, que manejaron grandes sumas en seguros y reaseguros, gozaron de beneficios o tratamientos preferenciales gracias a su conexión con figuras del gobierno de entonces.
El rol de Nación Seguros en el centro del escándalo
La pesquisa sobre Nación Seguros, la aseguradora vinculada al Banco Nación, se enfoca en la asignación de contratos a determinadas compañías, cuestionando la transparencia en el uso de fondos y las decisiones de sus entonces directivos. La investigación apunta a esclarecer si hubo tráfico de influencias en la adjudicación de contratos de seguros y si se habrían favorecido intereses personales o corporativos en detrimento de las arcas públicas.
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