En un crimen que ha estremecido a la nación, cinco miembros del Ejército Boliviano fueron brutalmente asesinados el pasado jueves cerca de Villamontes, a unos 90 kilómetros de la frontera con Argentina. Los subtenientes Yamil Argani y José María Romero, junto a los sargentos Braulio Pacaje, Vladimir Pacasi y Ruddy Medoza, fueron incinerados dentro de su vehículo tras ser emboscados por una organización criminal.
Inicialmente se pensó que el incendio había sido causado por un accidente de tránsito, pero el viceministro de Lucha contra el Contrabando, Daniel Vargas, descartó esta versión y denunció que lo sucedido fue un acto criminal premeditado, una manifestación de la violencia que enfrentan las fuerzas armadas en su lucha contra el contrabando y narcotráfico. El funcionario agregó que “se está llevando a cabo una movilización de los grupos de inteligencia militar para dar con los responsables de esta atrocidad”.
Las muertes de los cinco militares conmovieron al país por su particular crueldad. Según una fuente policial, los unifromados asesinados formaban parte de una operación destinada a combatir actividades ilícitas en las zonas fronterizas bolivianas y el día del crimen perseguían un vehículo cargado con sustancias químicas ilegales.
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Testigos revelaron que la camioneta militar fue forzada a salirse del camino y volcó. Los atacantes aprovecharon la confusión tras el accidente para desarmar a los militares, rociarlos con gasolina y prenderlos fuego. Después del asesinato, los narcos huyeron, dejando tras de sí botellas de gasolina como testimonio del horror.
Posteriormente, uno de ellos se jactó del crimen, lo que quedó registrado en uno de los varios audios que, , terminaron en las redes sociales y llegaron a oídos policiales. “Tanto que hacen llorar a la gente estos maleantes, están ardiéndose como perros que son”, se escucha en una de estas grabaciones, que fueron reproducidas por los medios de comunicación.
La comunidad internacional ha puesto sus ojos sobre Bolivia, especialmente al considerar el estado actual de Ecuador, donde el narcotráfico ha cobrado un poder significativo. Según la oposición, Bolivia tiene parecidas vulnerabilidades económicas, sociales e institucionales que este país, y el Gobierno de Luis Arce no está tomando las medidas necesarias para impedir que los narcotraficantes se apoderen de las instituciones públicas, en particular de la policía y las cárceles, ni establezcan zonas liberadas del control del Estado, como las que han creado en las fronteras las más temibles organizaciones de contrabandistas.
Estas organizaciones están armadas e, intermitentemente, responden con fuego y muerte a las brigadas militares que intentan detener los convoyes con mercadería de contrabando, entre la cual se encuentra, a veces, los precursores químicos requeridos para la fabricación de cocaína. Aunque la oposición alerta sobre vulnerabilidades similares que podrían ser explotadas por el crimen organizado en Bolivia, el gobierno de Arce insiste en que la presencia de grandes mafias internacionales no es comparable con la situación ecuatoriana.
Bolivia, no obstante, es el tercer productor mundial de cocaína, justo detrás de Colombia y Perú, con más de 300 toneladas del narcótico puestas en el mercado según estimaciones de 2021 de autoridades estadounidenses.
El año pasado, el país reconoció que ya no solo produce la “pasta base” de la droga, sino también el clorhidrato o la cocaína refinada. Se teme que este hecho signifique que los carteles de la droga ya han aterrizado en Bolivia. Hace una semana, el Gobierno hizo uno de los mayores decomisos de la historia, incautando 8,7 toneladas de cocaína que viajaban hacia Chile para ser trasladas desde ahí hasta los Países Bajos. Y una de las más importantes noticias del año 2023 fue la espectacular fuga del país de Sebastián Marset, considerado por las autoridades un “narco de talla mundial”, que burló a la policía y violó las fronteras nacionales, al parecer para refugiarse en Paraguay.