Por Luis Martínez, Redacción Jornada
Resulta que luego de un largo tiempo de reclamos finalmente la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados realizará la cuarta reunión de consulta donde expondrán asociaciones de inquilinos y de corredores inmobiliarios sobre la reforma a la Ley de Alquileres, y luego comenzará una etapa de búsqueda de acuerdo parlamentarios, que está centrado en la extensión de contratos y su actualización.
Es poco probable que en la semana se firme el dictamen de comisión ya que lo más probable es que los legisladores puedan estirar ese plazo hasta la primera semana de mayo, debido a que existen muchas diferencias ente los 27 proyectos presentados por los diputados de diferentes fuerzas políticas.
Ahora bien, que están discutiendo: reducir el contrato mínimo de tres a dos años, y la actualización de un año a seis meses, y evaluar algún cambio en el mecanismo para calcular esos ajustes que hoy se establecen en base a la inflación y aumento salarial promedio destrozando el bolsillo de los inquilinos que ya en muchos casos han dejado de alquilar para refugiarse en la casa de algún familiar o amigo.
Hay diferentes posturas en el Frente de Todos donde hay legisladores que mantienen la postura de asociaciones de inquilinos de no modificar la actual ley, mientras que otros buscan introducir cambios porque sostienen que se debe ayudar a mejorar la oferta de viviendas para alquilar.
Tampoco hay una postura única en Juntos por el Cambio donde los sectores reconocidos como "los halcones" del Pro quieren la derogación de esa ley y que el mercado se regule por el Código Civil y Comercial, mientras que la mayoría se pronuncia por volver a los contratos de dos años y una actualización semestral como era hace dos años.
A lo largo de las rondas de consultas las diferencias fueron notorias ya que muchas entidades de defensa de los inquilinos expresaron un rotundo rechazo a realizar cualquier cambio, y las inmobiliarios que pidieron modificar la ley para reducir de tres a dos años los contratos y que la actualización se realice semestral en lugar de anual como es en la actualidad.
Uno de los exponentes que expresó su rotundo rechazo a reformar la ley fue el titular de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, quien dijo que "es preocupante que se haya fijado un plan tan corto para analizar una reforma que involucra a nueve millones de inquilinos", y sostuvo que desde la Federación de Inquilinos "no se quiere cambiar la ley ni que se modifiquen los tres años de contrato ni la actualización anual", dijo y agregó “el Estado debe regular el mercado inmobiliario”.
En cambio, José Griselli, titular de la Asociación de Defensa del Inquilino, dijo que se necesita analizar cambios ya que "hay una escasez de inmuebles que viene acompañada de un aumento de las locaciones desde que se sancionó la actual legislación” y añadió “no fue muy oportuna la sanción de la ley”.
Desde la Cámara de Propietarios de la República Argentina, Enrique Abatti, pidió reformar siete artículos de la norma sancionada hace dos años porque "ha fracasado", por considerar que cuando interviene el Estado se "termina volviendo en contra de los inquilinos".
Desde Mendoza el titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios Estanislao Puelles Milán reiteró los reclamos y lo hizo en “Juntos de mañana”, el matinal de radio Jornada (FM 91.9) puntualizó “hemos solicitado una modificación básicamente de dos aspectos que son los que definitivamente complicaron y causaron este desequilibrio entre la oferta y la demanda y son volver a los dos años como era antes que va a dar mayor previsibilidad a los propietarios y, volver a un sistema donde las partes se pongan de acuerdo con las actualizaciones. Con eso se podría recomponer porque esta ley también tiene aspectos positivos que hay que mantener por eso decimos no a la derogación total de la ley sino a la modificación de estos dos aspectos que provocaría una vuelta de ese stock”, puntualizó.
En medio de una crisis económica que nos golpea duramente es urgente contar con esta modificación para que tanto propietarios como inquilinos tengan más y mejores oportunidades, por lo que los legisladores deberán leer muy bien cuál es la realidad en la Argentina donde el déficit habitacional es un problema histórico y estructural de la sociedad. Es hora de poner reglas claras para resguardar el interés económico y social de la relación comercial entre uno y otro, esperamos que los legisladores lo tengan en claro a la hora de debatir y votar una ley que ponga reglas claras y que contenga a todas las partes.