El ministro de Economía, Sergio Massa, ha decidido solicitar licencia hasta el 9 de diciembre. Esta determinación se tomó en la noche siguiente a la derrota electoral, con el objetivo de facilitar la transición entre el ganador del balotaje, Javier Milei, y el presidente Alberto Fernández.
Durante la ausencia de Massa, la gestión económica estará a cargo de su equipo, mientras que el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, coordinará la transición financiera, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, se encargará del diálogo con el nuevo gobierno en el ámbito fiscal.
Tras reconocer su derrota electoral, Massa había anunciado que este domingo marcaba el fin de una etapa. Además, expresó que a partir del día siguiente, la responsabilidad de proporcionar certezas sobre el funcionamiento económico recaerá en el Presidente electo.
Fernández ha iniciado el proceso para una transición ordenada al llamar al ganador de las elecciones antes de las 21, ofreciéndose para colaborar y facilitar un traspaso de poder sin contratiempos. Para cumplir con este objetivo, convocó al líder de la Libertad Avanza a una reunión formal en la Casa Rosada, cuya fecha aún está por determinar. Posteriormente, cada área de gobierno comenzará reuniones de enlace con los equipos del presidente electo.
El nuevo Presidente heredará un país en situación de emergencia con indicadores preocupantes: una inflación anual del 142,7%, una tasa de pobreza superior al 40%, una disminución del 2,2% en el producto bruto interno con respecto a 2019, reservas negativas en el Banco Central y un déficit en la balanza comercial. En los últimos cuatro años, la cotización del dólar oficial ha pasado de $60 a 369,50, mientras que la cotización en el mercado libre cerró el viernes en $950, en gran medida debido a los controles implementados por el gobierno.
La brecha entre ambas cifras supera el 150 por ciento. Además, gobernará con un Congreso fragmentado, donde sus bloques deberán buscar consensos, siendo sus 38 diputados y 7 senadores insuficientes para la cantidad y magnitud de las reformas prometidas durante la campaña. Este desafío pondrá a prueba la amplitud del acuerdo con el PRO y marcará el final definitivo de Juntos por el Cambio como la coalición que ha sido desde su creación en 2015.