Con la intención de mejorar la seguridad pública provincial, la Cámara de Senadores aprobó este martes una reforma a la Ley Nº 9019, expandiendo significativamente los eventos incluidos en la orden del día local.
La iniciativa, que contó con el apoyo de la mayoría de los bloques legislativos, busca mejorar la eficiencia del sistema de registro de seguridad mediante la incorporación de nuevas categorías de información y la centralización de datos.
El senador David Saez fue quien explicó los alcances de este proyecto que pretende agregar el artículo 48 bis, dentro de la ley 6722, que permitirá a civiles con formación tecnológica unirse a la Policía de Mendoza. Esta medida busca reforzar la lucha contra el cibercrimen y otros delitos tecnológicos, abordando la necesidad de contar con personal altamente calificado, según explicó el legislador.
Ampliando el alcance del registro de seguridad
La principal modificación introducida por la reforma es la ampliación del espectro de medidas judiciales que se incorporarán al registro de seguridad provincial. A las ya existentes solicitudes de captura, comparendos, citaciones y medidas sobre vehículos, se suman ahora paraderos, prohibiciones de acercamiento, restricciones de ingreso a eventos deportivos e inhabilitaciones para conducir.
Esta medida responde a la necesidad de contar con información más completa y precisa sobre individuos que puedan representar un riesgo para la seguridad pública. La incorporación de estas nuevas categorías permitirá una mejor identificación y seguimiento de personas con medidas judiciales vigentes, facilitando su detención y evitando situaciones de riesgo.
Fortaleciendo la seguridad en eventos deportivos
Un aspecto relevante de la reforma es el fortalecimiento del programa "Tribuna Segura", cuyo objetivo es garantizar el control de acceso a los estadios deportivos. La nueva normativa establece la obligatoriedad de verificar la identidad de todos los asistentes a través del sistema de registro de seguridad, impidiendo el ingreso de aquellos que cuenten con restricciones judiciales.
Esta medida busca contribuir a un entorno más seguro en los eventos masivos, previniendo la presencia de individuos que puedan generar disturbios o poner en riesgo a otros asistentes.
Centralización y gestión eficiente de la información
La reforma también establece la creación de un modelo único para la gestión de medidas judiciales por parte de la Justicia Penal y el Ministerio Público Fiscal. Esto implica la obligación de utilizar formularios estandarizados para la comunicación de cualquier cambio o desafectación en los requerimientos, asegurando una mayor transparencia y eficiencia en el manejo de la información.
Además, se designa a la Subsecretaría de Aplicación Tecnológica en Seguridad como la autoridad encargada de implementar y gestionar el protocolo para estas modificaciones. Esta centralización permitirá una mejor coordinación entre las distintas áreas involucradas en la gestión de la seguridad pública, optimizando el uso de recursos y mejorando la respuesta ante el delito.
Se espera que el proyecto sea remitido al Poder Ejecutivo en los próximos días para su posterior promulgación.
El Justicialismo rechazó el proyecto de regulación de videocámaras
El Bloque de Senadores del Justicialismo, expresaron su rechazo a este expediente de regulación del uso de cámara que forma parte del paquete de leyes de seguridad que envió el Ejecutivo.
“Consideramos que legislar no se trata de darle o no herramientas al oficialismo. Herramientas tiene hace 9 años el Ejecutivo de la provincia y hoy tenemos 4 asesinatos en los últimos 5 días. La seguridad es un problema candente, no hay políticas públicas efectivas. Después de gobernar 9 años nuestra provincia la inseguridad sigue creciendo, y se sigue desfinanciando el sistema. Grandes titulares, pero poca gestión”, señaló Adriana Cano.
La titular del bloque PJ agregó que “no creemos que este paquete de seguridad sea la solución”. Durante el tratamiento del expediente, se planteó la “ambigüedad absoluta que existe cuando se confunde el término de expediente administrativo con expediente judicial; porque estamos hablando de derechos individuales establecidos que el Estado debe resguardar”.
Agregaron que el proyecto roza la violación del art. 19 de la Constitución Nacional. “Nada se refiere a la protección de la imagen de niñas, niños y adolescentes y ni siquiera sobre el respeto a la identidad de los mismos. También se ve afectada la propiedad privada. No entendemos el porqué los particulares tienen que hacerse cargo del mantenimiento de las cámaras y en el proyecto no se ve la voluntad del Ejecutivo de generar una contraprestación para que se sumen al sistema de video vigilancia”.
“Esta ley que se aprueba con los votos del oficialismo, que tanto alardean sobre la libertad, está dotando al estado de una capacidad de vigilancia absoluta que lo que hace es afectar principios individuales y por ende la libertad de las personas sin regulación apropiada”.