Según indicó Germán Gómez, “la idea es que podamos recabar toda aquella información que muchas veces los legisladores necesitamos a diario para saber cómo va la política de seguridad en el territorio provincial”.
A grandes rasgos, la ministra de seguridad, Mercedes Rus repasó diversos temas en los que se ha trabajado en lo que va del 2025 y que profundizan la política en la materia que se ha tenido a lo largo de 2024, haciendo foco en “el fortalecimiento en la prevención”, así como en “la eficiencia en la investigación y en la persecución del delito, porque queremos dar el mensaje de que en Mendoza no hay impunidad y eso es muy importante”.
Hizo referencia además, al “incremento de la tecnología aplicada a la seguridad, y por supuesto el sistema penitenciario, oportuno y eficiente respecto de dos cosas: primero, de que las personas que pasan por las instituciones carcelarias no vuelvan a cometer delitos; pero también para resguardar la seguridad intramuros”. Repasó, a su vez, el trabajo puesto de manifiesto en la educación y la capacitación de las fuerzas policiales, “porque viene muy bien la profesionalización de la policía”, y aseguró que se trabaja con auditorías de la Universidad Nacional de Cuyo.
Rus explicó en otro orden que se ha acompañado el proceso educativo con distintos objetivos, y entre ellos es lograr un aumento en las inscripciones al IUSP para la carrera policial. Sobre ello, indicó que se ha acompañado este proceso “con estas becas que empezaron el último trimestre del año pasado, y que las vamos a continuar este año; tratando de aumentar su monto. Estas son becas mensuales y con ello pretendemos aumentar la base de inscriptos” teniendo en cuenta que alrededor de un 17-18% “pasa los filtros”.
Asimismo, manifestó que la intención ha sido quitarle actividades “administrativas” al personal policial, es decir, “quitar actividades en la función policial que no tienen nada que ver con la actividad de patrullaje y la actividad operativa de la policía”, justificó.
Rus vinculó el tema indicando que “Mendoza tiene el centro penitenciario más grande del oeste, se han sumado 60.000 m2 y tenemos capacidad instalada para las personas que ya están judicializadas o procesadas o condenadas”.
En ese sentido, agregó que una de las preocupaciones radicaba en que “los aprehendidos multiplicados en distintas comisarías también generaba multiplicidad de policías custodiando calabozos”, por lo que se ha implementado un modelo de “centralización de aprehendidos” que se realizó “justamente a través de ESTRADA – Estación Transitoria de Aprehendidos -, que fue un edificio que inicialmente fue desarrollado solo para penitenciaría, pero logramos adecuarlo con gran trabajo de logística. Tenemos 120 plazas”, remarcó.
“Eficientizamos la labor policial”, destacó Rus y argumentó que “en vez de tener muchos policías carceleros, tenemos un grupo de policías a cargo”. Agregó que “huellas genéticas, sanidad policial, todo lo tenemos incorporado ahí. Hicimos las distintas ubicaciones para que esto se pudiera desarrollar ahí mismo, es decir, que se sacan huellas genéticas ahí, se hace toda la identificación allí, además de las requisas y demás, y se hace sanidad policial en un mismo lugar, sin tener que perder tiempo en traslado”.
Puntualizó también la digitalización de tareas, y con ello la posibilidad de prescindir de algunas tareas administrativas que realizaba la policía y que no eran horas de patrullaje. Todo lo expuesto, manifestó Rus, “lo escribimos en la Ley, que ustedes aprobaron”, y se vincula, además, con el plan integral de gestión de secuestros. “No más policías custodiando chatarras, no es nuestra responsabilidad”, detalló.
“Iniciamos expedientes de baja para aquellos policías que llevaban tiempo de licencias y que no estaban con capacidad para volver a la tarea operativa, porque necesitamos policías en tareas operativas, no en tareas administrativas”, indicó y subrayó que todo lo expuesto “nos ha ayudado a tener más policías disponibles para las tareas más esenciales”.
“No vamos a relajar los filtros” sostuvo la funcionaria, e hizo referencia finalmente a que se han realizado auditorias (y control de ausentismo) con colaboración de OSEP y Junta Médica, Sanidad Policial, para realizar control y supervisión de licencias, y poner el foco en las psiquiátricas, principalmente.
La funcionaria se explayó en algunas licitaciones en marcha e incorporaciones que realiza el Ministerio para la fuerza policial, porque “queremos rápido estos recursos a favor de la policía”, indicó. Ponderó “la robustez” del presupuesto anual aprobado para su área y destacó que “en enero (de 2025), ya habíamos iniciado el 75% de todas las licitaciones”.
En este sentido, se refirió al “patrullaje inteligente”, explicando que con el nuevo sistema “vamos a saber realmente cómo se cubren las jurisdicciones” y que “podemos entrar a cada comisaría para saber dentro de la jurisdicción cómo se cumplió ese patrullaje”. Este sistema inteligente, además, contabiliza recorridos y realiza un promedio del patrullaje, arrojando luego como resultado un promedio del kilometraje que es necesario para un patrullaje efectivo. Con ello, la funcionaria destacó que es muy importante este avance ya que mostró también mapas de cobertura por jurisdicciones.
Por otra parte, la Ministra de Seguridad y Justicia puso en relieve las leyes sancionadas por la Legislatura que fueron impulsadas de esa cartera, entre las cuales se encuentran algunas que están siendo replicadas en la Nación. “Celebro que las estén trabajando, como es la reiterancia, huellas genéticas, ejecución de las penas, el trabajo de las personas privadas de libertad intramuros, el juicio por jurados, que lo presentó el Presidente en su primer paquete de leyes, la extinción de dominio, que también nos pidieron que fuéramos a contar respecto de cómo había sido la jurisprudencia respecto de estos casos, y la Ley de cobre que nos la han pedido varias provincias”, dijo, de la misma manera, que “el “agente encubierto digital”, para “atender delitos específicos y que son difíciles de abordar”.
En relación a los homicidios en ocasión de robo, ahondó en que “seguimos con una tasa baja de homicidios, esto es fundamental en épocas de alza de las violencias”. En tanto, respecto a los robos, remarcó que “no hay vulnerabilidad más grande que la víctima cuando es atacada en el marco de un delito contra la propiedad. En general, estos tienen que ver con entraderas”; y “aquel delincuente que mata a la víctima en el marco de un delito contra la propiedad, en el marco de un robo, manifiesta el mayor desprecio por la vida humana posible”.
En esa línea, puntualizó que “cerramos el año pasado con 7 homicidios en ocasión de robo, este es el más bajo de los últimos 10 años”, relacionando este tema al seguimiento que se hace de las causas y la fuerte efectividad en el esclarecimiento de los delitos. “Tenemos 100% de esclarecimiento”, sostuvo y “seguimos los casos justamente para que rápidamente tengan una resolución, porque justicia tarde, no es justicia, queremos justamente que la víctima tenga una respuesta de la justicia oportuna”.
A su vez, sobre los robos con armas, declaró que “venimos a la baja”. Señaló que se realiza un trabajo más detenido en este tipo de delitos buscando que se hagan cumplir las penas efectivas y “evitar que esas personas salgan rápidamente de la cárcel”.
Ponderó al respecto el trabajo realizado en materia de legislación puesto que se puso el foco “en un delito que la verdad es pluriofensivo” como es el robo de cables, medidores, etcétera, ya que “no solo afecta a la persona a la que le roban el cable, o medidor, sino que deja toda una cuadra sin servicio, además afecta al proveedor, que tiene que poner mucho más dinero para poder restablecer ese servicio”.
De igual forma, se refirió al robo de bienes indicando que “el año pasado trajimos una Ley, que da un poder de policía específico, justamente para trabajar en esos casos, en esos mercados ilegales, porque si se roban ruedas, hay mercado ilegal de venta de ruedas. Y es ahí donde tenemos que ir”.
Para esto ejemplificó con la “Ley del cobre” (que de alguna manera muestra una trazabilidad del delito) y “creemos que va a tener resultados”. Seguidamente, manifestó que “hicimos más de 155 allanamientos, más de 75 detenidos y más de 60 toneladas de cobre secuestrados. Es decir, tuvimos éxito y tuvimos una baja del 75%”
En materia de seguridad vial, sostuvo que se han incrementado en un 240% los controles de alcoholemia, y que algunos datos obtenidos en este sentido son alentadores puesto que se han detectado menos infracciones.
Con respecto a los delitos federales, la ministra sostuvo que “en Mendoza la policía investiga delitos provinciales y delitos federales”. Adelantó que ha mantenido diálogos con Patricia Bullrich y funcionarios nacionales de la cartera para solicitar que la sede de la Justicia Federal que está en Mendoza, debería tener también a su par de la Policía Federal en la provincia. Destacó que ha tenido buena recepción con estos pedidos y subrayó por otra parte, que “el trabajo de seguridad no termina con el allanamiento, hay un seguimiento de los casos”, puntualizando en la trayectoria delictiva del sujeto. Todo ello, da indicios a las fuerzas de seguridad de cuáles pueden ser los próximos movimientos delictivos. Asimismo, resaltó la inversión de más de 3.200 millones para fortalecer el sistema de cámaras.