La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó este martes una orden de "inmediata captura" del exgobernador Sergio Urribarri. Esta decisión se enmarca en la causa en la que el exmandatario fue condenado en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La presidenta del tribunal, Marcela Davite, comunicó la orden al jefe de la Policía de Entre Ríos. Una vez capturado, Urribarri deberá ser alojado en la Unidad Penal 1, conforme a las instrucciones recibidas.
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Urribarri, quien se desempeñó como embajador en Israel durante el gobierno de Alberto Fernández, fue condenado el 7 de abril de 2022.
La condena fue confirmada por la Casación de Entre Ríos en 2023. Tras el rechazo de un recurso extraordinario por parte del Superior Tribunal provincial, la fiscalía solicitó la detención de Urribarri. Aunque en un primer momento la Cámara rechazó esta solicitud, finalmente se ordenó la captura.
Esta causa también tuvo repercusiones para la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, quien fue removida de su cargo y enfrenta un jury por mal desempeño.
Goyeneche coordinó el equipo de investigadores que avanzó contra Urribarri, quien fue gobernador de Entre Ríos entre 2007 y 2015 y es considerado un aliado del kirchnerismo.
La fiscal ahora espera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que revisa su caso, la restituya en su cargo. En abril pasado, el máximo tribunal solicitó el expediente completo para analizar el planteo contra su destitución.
La Cámara de Casación provincial, al confirmar la condena de Urribarri, destacó que toda la prueba fue "legítimamente reunida" y que a los acusados se les garantizó el debido ejercicio de su defensa. Según la Casación, esta investigación presentó pruebas de "un volumen y contenido incriminador pocas veces visto en este tipo de hechos".
Urribarri enfrenta condenas por peculado y negociaciones incompatibles con el cargo.
La sentencia, dictada de forma unánime el 7 de abril de 2022, también condenó a otros exfuncionarios. Junto a Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el exfuncionario legislativo Juan Pablo Aguilera, recibieron seis años de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.