El Gobierno nacional pidió este jueves a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intervenga por el conflicto originado con Chubut por la retención de fondos y que "inhiba" al juez federal Hugo Sastre, que falló a favor de la provincia patagónica conducida por Ignacio Torres.
Así lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni a través de su cuenta de la red social X: "Se le pidió a la CSJN que inhiba al Juez de Rawson y que intervenga por ser el Tribunal competente para ello, por corresponder la competencia originaria y por la trascendencia institucional de la cuestión".
En otras palabras, lo que busca Nación es ganarle el enfrentamiento al gobernador de esa provincia haciendo que la Corte revierta el fallo de Sastre, luego de que varios sectores salieron a respaldar a Torres. En este sentido, el Gobierno presentó ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de per saltum para que el máximo tribunal intervenga directamente.
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La confirmación de Adorni, surge luego de que la semana pasada el juez federal de Rawson resolvió que el Ejecutivo no elimine el subsidio al transporte automotor.
En aquella oportunidad, Sastre consideró "hacer lugar a la medida autosatisfactiva solicitada por la Provincia del Chubut, contra el Estado Nacional - Ministerio de Economía, disponiendo el cese de la retención que -en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial- la demandada viene realizando sobre las sumas que ha de percibir aquella en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos".
Es decir, el magistrado no ordenó devolver los fondos retenidos por la gestión de Milei, 13.500 millones de pesos, pero sí que el Gobierno nacional deje retener futuro fondos de la coparticipación a Chubut, hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda.
El juez resolvió, además, "exhortar a las partes a que arbitren medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial".
"Nos encontramos ante una injusta e intransigente posición por parte de la demandada, sumado a una inexistente política de absorción de consecuencias por parte del Estado Nacional respecto de la Provincia del Chubut llevada a cabo por el descuento automático de fondo coparticipables", señaló el juez.
"Dicho accionar, conduce al agravamiento de la situación especial por la que atraviesa la Provincia del Chubut, cuyo estado de emergencia económica, financiera y administrativa fuera dispuesto mediante la Ley Nº VII N° 94; más aún cuando las retenciones representan más de un tercio de lo que percibe en concepto de coparticipación, situación que no podría prolongarse en el tiempo sin afectar servicios esenciales tales como salud, higiene, educación, etc., necesidades básicas de la población cuya satisfacción se debe garantizar", reseñó.
El magistrado señaló además que "el accionar de la demandada, esto es, desoír o guardar silencio a una petición de refinanciación y/o cancelación de la actora, no ha sido acorde a su actuar pasado. en efecto, se encuentra en clara contradicción con la conducta asumida con anterioridad".