La situación de Nahuel Agustín Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional de Argentina, detenido el pasado 8 de diciembre en Venezuela, ha desatado una seria preocupación internacional. La CIDH, ante el riesgo de daño irreparable que enfrenta en manos del gobierno de Nicolás Maduro, emitió medidas cautelares exigiendo información sobre su paradero, estado de salud y condiciones de detención.
Un ingreso legal que derivó en desaparición
Según el comunicado de la CIDH, Gallo fue detenido en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en Ureña, mientras ingresaba al país con documentos en regla para visitar a su esposa venezolana y a su hijo de dos años. Lo que comenzó como una simple revisión de documentos derivó en su desaparición. Testigos afirman que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lo trasladaron tras una segunda entrevista. Desde entonces, su ubicación exacta es incierta.
La denuncia presentada por Argentina destaca la negativa sistemática del régimen venezolano a proporcionar información sobre Gallo, quien permanece incomunicado. Incluso los abogados del gendarme fueron rechazados al intentar formalizar la denuncia en Caracas.
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La respuesta del chavismo: un video y más preguntas
En las últimas horas, el gobierno de Maduro difundió un video que muestra al gendarme en un lugar no identificado. Las autoridades argentinas calificaron estas imágenes como una "puesta en escena". Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, señaló que se trata de "una pantomima del régimen" y denunció el caso como desaparición forzada. “Es una violación flagrante de derechos humanos”, agregó Fernando Soto, funcionario de su ministerio, al destacar que Gallo no ha tenido acceso a su familia ni al consulado argentino, un derecho básico en situaciones de detención en el extranjero.
Las demandas de la CIDH a Venezuela
La CIDH, al otorgar medidas cautelares, exigió al régimen venezolano:
- Informar si Gallo está bajo custodia estatal y detallar las circunstancias de su detención.
- Permitirle comunicación con su familia, abogados y representantes consulares.
- Garantizar el acceso a su expediente penal, de existir uno.
- Investigar los hechos que llevaron a su detención para evitar su repetición.
La OEA condena
Luis Almagro, secretario general de la OEA, condenó la detención arbitraria del gendarme argentino y exigió su liberación inmediata, señalando al gobierno de Nicolás Maduro por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió este viernes un fuerte comunicado en el que calificó como un “crimen de lesa humanidad” la detención de Nahuel Gallo, agente de la Gendarmería Nacional Argentina, en Venezuela. Luis Almagro, secretario general del organismo, denunció que esta acción del régimen chavista constituye una violación al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y exigió su liberación inmediata.
Violación de normas internacionales
En su declaración, Almagro subrayó que el encarcelamiento de Gallo infringe la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, al haber sido incomunicado y privado de asistencia legal y consular. “Estos hechos son una prueba más de la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales por parte del régimen venezolano”, afirmó.
El funcionario exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a respetar los tratados internacionales, garantizando la integridad física del detenido, permitiéndole acceso a representación legal y contacto con su familia, y cumpliendo con su inmediata liberación.
El llamado de la OEA
La contundente postura de la OEA se suma a las crecientes presiones internacionales contra el régimen chavista, que ha sido reiteradamente señalado por prácticas represivas y violaciones de derechos humanos. “Es imperativo que el régimen de Venezuela rinda cuentas por estos actos que afectan no solo a un ciudadano argentino, sino a los principios básicos del derecho internacional”, concluyó Almagro.
Este caso continúa siendo un foco de atención en la arena diplomática y pone de manifiesto las tensiones entre el gobierno venezolano y la comunidad internacional, que exige el cese de las arbitrariedades y la restitución de derechos fundamentales.