La República Argentina presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la detención arbitraria y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en Venezuela. El comunicado oficial de la Cancillería argentina señala al fiscal general venezolano, Tarek William Saab, como figura clave en este caso.
El texto calificó el hecho como una “violación grave y flagrante de los derechos humanos” y lo enmarcó dentro de un “patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad” en Venezuela, que son competencia de la CPI.
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Un caso que escala a nivel internacional
El gendarme Nahuel Gallo fue acusado de ser “terrorista” y “espía” por el Gobierno de Nicolás Maduro, tras ser detenido al intentar ingresar desde Colombia. La detención ha sido considerada un asunto de Estado en Argentina, con funcionarios de alto rango involucrados en la búsqueda de justicia y protección.
En una conferencia de prensa, el canciller Gerardo Werthein calificó las acusaciones como un "invento horrible" y reafirmó el compromiso de Argentina con la defensa de los derechos humanos. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que “Gallo no es un terrorista” y destacó los esfuerzos diplomáticos para su liberación.
El Gobierno argentino sostuvo que continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos necesarios para garantizar los derechos de Nahuel Gallo y exigir justicia internacional.
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Respuesta desde Venezuela
El lunes pasado, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, afirmó que Gallo se encuentra “bien de salud” y bajo custodia del Estado. Saab declaró que el gendarme está siendo procesado por delitos graves contra la paz en Venezuela. Según sus palabras, Gallo fue detenido al intentar ingresar de forma irregular desde Colombia.
Aunque el fiscal aseguró que la integridad de Gallo ha sido respetada, Argentina insiste en que las acusaciones son infundadas y en que su detención constituye una violación a los derechos fundamentales.