Según el fiscal Sebastián Capizzi, la Justicia determinó que las empresas que presentaron documentación falsa al programa público de empleo Enlazados no perjudicaron al Estado mendocino.
Por lo tanto, no incurrieron en conductas delictivas y no serán sancionadas penalmente, determinaron.
Dependerá exclusivamente de la decisión del Gobierno, en particular del área Empleo del Ministerio de la Producción, que las compañías Broda S.A, Expreso Luján y Cartellone, entre otras, sigan están dentro del programa Enlazados.
Te puede interesar
Desde la subsecretaría de empleo de Mendoza, a través de Emilce Vega Espinoza, expresaron que desde el área Legales de la repartición se analizará qué rumbo tomará el caso y se determinará por medio de la Justicia, los pasos a seguir.
La utilización de documentación apócrifa para justificar que estaban al día con impuestos provinciales no implicó la comisión de delito alguno de parte de las empresas, según la fiscalía, ya que al momento de cotejar lo que decían los papeles con la información real del sistema de ATM ésta reveló que, efectivamente, estaban al día.
A instancias del Gobierno, la investigación judicial comenzó cuando se detectaron maniobras fraudulentas de parte de una empleada -luego despedida y denunciada- y su pareja. Por este caso hay una causa en desarrollo en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y se investiga la ruta y el destino de $ 26 millones del programa Enlazados.
El fiscal Sebastián Capizzi recibió información y documentación que pusieron bajo sospecha a diez empresas locales, muchas de las cuales presentaron documentación falsa por períodos de tiempo.
Cuando Capizzi pidió datos oficiales, la Administración Tributaria Mendoza (ATM) le informó que en definitiva, las empresas estaban al día y que los papeles presentados no escondían irregularidades ni deudas impositivas.
Como no hubo perjuicio al Estado tampoco hubo delito. A lo sumo, una falta ética que el Gobierno deberá merituar para decidir si esas empresas siguen o no vinculadas al programa de empleo Enlazados, del Ministerio de la Producción.
Varios de los empresarios que estuvieron bajo sospecha se presentaron en la fiscalía y explicaron y demostraron que la presentación de información falsa obedeció a que el subsidio podía caer por la demora del sistema de ATM para imputar los pagos al día.
Esto fue corroborado por el magistrado, lo que lo llevó a tomar esta decisión.