El Gobierno nacional anunció la baja de 200 mil pensiones por discapacidad, alegando irregularidades en el cobro de estos beneficios. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), encabezada por Diego Spagnuolo, lidera la iniciativa en el marco de un proceso de auditorías que abarca el total de las asistencias vigentes, alrededor de un millón 250 mil, y que podría incluir una revisión exhaustiva en varias provincias.
“Lo que antes funcionaba sin control, hoy queremos auditarlo”
Según Spagnuolo, el gobierno de Javier Milei busca poner orden en el sistema de pensiones no contributivas, que enfrenta problemas de sostenibilidad y administración. “Estamos en proceso de baja de 200 mil pensiones”, confirmó el funcionario en una entrevista reciente. Además, citó un informe de la Superintendencia de Servicios de Salud que, en tono alarmante, compara el gasto en transporte de personas con discapacidad con el costo de varios viajes de ida y vuelta a la luna por mes. Este gasto, subrayó, es una “barbaridad” que la administración actual planea reducir.
La ANDIS afirma que la estructura de costos del sistema actual se ha vuelto inviable y que cada vez más dinero se destina a prestaciones de discapacidad y transporte, sin que existan controles eficaces. Spagnuolo remarcó que una de las causas del problema radica en la demanda creciente por parte de los prestadores y en la falta de un control “efectivo”.
Un sistema bajo la lupa: fraude y reestructuración
Entre las nuevas políticas implementadas, la ANDIS también ha modificado el porcentaje de discapacidad requerido para ser beneficiario. Anteriormente, el umbral de afectación era del 76%, pero ahora se ha reducido al 66%, manteniendo, según Spagnuolo, una valoración significativa: “Ya sea 66 o 76 por ciento es una afectación física notable, o sea, se percibe a simple vista".
El proceso de auditoría reveló la captura de 14 prófugos que cobraban pensiones de discapacidad de forma fraudulenta. Estos individuos, acusados de delitos graves como robo agravado e intentos de violación, recibían el beneficio sin cumplir con los requisitos. Esta detención fue posible gracias a una coordinación con los Ministerios de Salud, Seguridad y Justicia, lo cual refuerza la política del gobierno de ajustar los controles y frenar los abusos en el sistema.
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Las provincias en la mira y las auditorías “caso por caso”
El titular de ANDIS también denunció que el gobierno anterior, encabezado por Unión por la Patria, relajó los requisitos para la obtención de las pensiones. Según Spagnuolo, durante la administración de Alberto Fernández, las condiciones de acceso se flexibilizaron al punto de que solo quedaban tres requisitos: ser argentino (o tener 10 años de residencia para extranjeros) y no estar prófugo o detenido. Las provincias de Chaco, La Rioja, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires serán las primeras en ser auditadas, dado que presentan un volumen significativo de casos bajo sospecha.
Las auditorías de pensiones se llevarán a cabo “caso por caso” para garantizar que los recursos se destinen únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos. Spagnuolo adelantó que se esperan resultados preliminares de esta revisión exhaustiva para mayo de 2025.
La herencia y una denuncia penal en curso
En un mensaje contundente, Spagnuolo mencionó que la falta de rigor en el sistema dejó espacio para abusos y se quejó de la ineficacia del proceso de evaluación. Describió cómo en algunos casos “la gente concurría, charlaba con un médico y se le otorgaba un diploma, sin revisación alguna”.
El funcionario también reveló que existe una denuncia penal en curso contra el expresidente Alberto Fernández y Fernando Galarraga, su antecesor en la ANDIS, por supuesta complicidad en el otorgamiento de pensiones irregulares. La denuncia sugiere que, durante la administración anterior, las ayudas sociales no estuvieron sujetas a una supervisión efectiva, lo cual abrió la puerta a las prácticas fraudulentas y excesos en los beneficios otorgados.
Mientras se profundizan las auditorías, el Gobierno reitera su compromiso de reestructurar el sistema de pensiones y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. En medio de la incertidumbre y las críticas, esta medida pretende sentar un precedente en la administración de los beneficios de discapacidad en Argentina.