Esta mañana, el Gobierno nacional dio un paso más en su agenda de desregulación al eliminar la obligatoriedad de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI) para camiones de carga. La medida, impulsada por el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger y la Secretaría de Transporte liderada por Franco Mogetta, fue presentada como un avance en la reducción de burocracia y costos para las empresas de transporte. Sin embargo, la iniciativa generó divisiones en el sector, con algunos aplaudiendo la simplificación y otros cuestionando su impacto en la seguridad vial.
El fin de un trámite controvertido
El LINTI, apodado en sus inicios como "registro Moyano" por los controles de salud realizados en clínicas vinculadas a la obra social del sindicato de camioneros, fue suprimido con el argumento de que un camionero con licencia de conducir no necesita otra certificación adicional. De esta manera, a partir de los próximos 60 días, los choferes solo necesitarán portar la licencia nacional de conductor.
El anuncio fue bien recibido por la industria automotriz, que celebra la posibilidad de un aumento en las ventas de pick-ups y utilitarios, ahora liberados de un trámite que afectaba incluso a contratistas y particulares que utilizaban estos vehículos para actividades recreativas o laborales.
Rechazo desde Fadeeac
No obstante, la reacción de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) fue completamente opuesta. Roberto Rivero, su director ejecutivo, criticó duramente la medida, señalando que "el truchaje está de fiesta". Rivero argumentó que, en otros países como España y Francia, la formación para conducir un camión es rigurosa y extensa, mientras que en Argentina, la eliminación del LINTI permitirá que personas sin la debida capacitación tomen el volante.
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La principal preocupación de Fadeeac radica en que el LINTI no solo implicaba la revisión de idoneidad de manejo, sino también un examen psicofísico, con un costo total anual de alrededor de $130.000 por chofer. Según la federación, esta revisión es crucial para la seguridad vial, ya que detecta, entre otras cosas, el consumo de sustancias prohibidas. "Vamos a compartir las rutas con camioneros que no están capacitados", advirtió Rivero.
Una reforma más amplia en el transporte de cargas
Además de la eliminación del LINTI, el Gobierno anunció otra reforma orientada a simplificar los trámites para el transporte automotor de cargas. El Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), vigente desde 2003, será ahora electrónico, declarativo, sin costo y no requerirá presencialidad. La medida reducirá significativamente la carga administrativa para los transportistas, ya que el peso mínimo de carga para inscribirse en el registro subirá de 700 a 3500 kilos.
Repercusiones en el sector
Mientras que algunos sectores celebran la simplificación de los trámites, especialmente pequeños transportistas que se ven beneficiados por tener un trámite menos, las críticas de Fadeeac apuntan a un debilitamiento de los controles de seguridad. La federación advierte que el costo de mantener el LINTI era ínfimo comparado con los riesgos que su eliminación podría generar en las rutas del país.
La eliminación del LINTI marca un nuevo capítulo en la política de desregulación del Gobierno, que busca aliviar las cargas burocráticas sobre los sectores productivos. Sin embargo, el debate sobre las implicancias para la seguridad vial y la calidad del servicio de transporte de cargas continúa dividiendo al sector.