La liberación del exprofesor de la Universidad Nacional de Cuyo, UNCuyo, Mauro Aguirre, acusado hace años de violación de seis alumnas que en 2018 cursaban sus estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es un error, considerando el encuadre que hoy ofrece a la Justicia la perspectiva de género.
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Así fue considerado por la abogada mendocina, especialista en violencia de género en Mendoza, Carolina Jacky, quien recordó que Aguirre fue "convencional de la Constitución del ´94".
"El asunto que llama la atención en este caso es la demora en la Justicia para resolver este tipo de cuestiones que es lesiva tanto para la víctima y para el acusado. En verdad a alguien le conviene, aunque a ambos les lesiona un derecho, que no está siendo respetado", reflexionó la letrada.
En Mendoza la liberación de Mauro Aguirre es noticia por el tiempo que ha transcurrido desde el inicio del proceso y el hecho de que aún se esté tramitando la causa.
"Lo que impacta es que acá hay un contexto de violencia de género. Por eso es que se deberían aplicar las normas convencionales en esa materia. Que son las que están en la Constitución Nacional como la que se incorporó en el ´94 lo que dicta la Convención Cedaw. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer es un tratado internacional adoptado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
"Seguro que el ahora liberado conoce muy bien esto último ya que él fue convencional para esa reforma que tuvo, por ejemplo, este tipo de inclusión y reconocimiento. Esa convención, en ese momento, ingresó para ser parte de la Constitución Nacional. Porque el Estado argentino se comprometió a cumplir con tratados internacionales en defensa por los derechos a la mujer. Entre esos compromisos se destaca el rápido acceso a la Justicia. La debida diligencia. Que se les de a las víctimas una respuesta en tiempo y forma. Y adecuada. Y como vemos hasta el momento nada de esto se ha cumplido". detalló Jacky.
Dilación e injusticia
Del lado de la víctima, la abogada preguntó: "¿Qué pueden estar sintiendo estas víctimas cuando aquella persona a la que denunciaron, primero estuvo en la penitenciaría, luego logró la prisión domiciliaria, y ahora logra la libertad? Y el proceso sigue. O sea, que no está decidido si es inocente o culpable y concretamente no hay una sentencia. Sobreseyéndolo o condenándolo".
"En este Estado, ¿las víctimas están siendo respetadas? En principio, cualquiera diría que no, sobre todo pensando en el no respeto por las victimas por la dilación en estos procesos judiciales. Y lo que habría que investigar es por qué se produjo esa dilación. Si la demora en el proceso tuvo que ver con la infinidad de incidentes o recursos planteados por la defensa, no sería justo haberle dado la libertad al acusado", sentenció Jacky.
Además "hay que considerar que si se demora tanto el proceso y el acusado era inocente, se está ante una demora en que recupere la libertad. Hasta podemos estar ante un inocente. Pero si la defensa del acusado es la que ha provocado la dilación del poceso ahí es donde creo que, actuando con perspectiva de género, no se debería haber concedido la libertad", marcó la mendocina.
"Ahora, si esta demora o dilación se ha debido a demoras del propio tribunal, de la propia de Justicia, por falta de medios, de personal u otro justificativo, entonces, es lógico y estaría ajustado a derecho que el acusado obtenga la libertad. Aunque en estos casos también hay que analizar cómo actuó la querella. Si las víctimas contrataron un abogado para que las represente como querellante particular hay que ver si activó e hizo todos los movimientos necesarios para evitar llegar a este punto. Si hubiera podido hacer algo para llegar a la elevación a juicio", apuntó.