En el año 2022, Tilma del Carmen Tovar (57) y su hijo Valentino González (23), ambos turistas venezolanos, fallecieron a causa de una intoxicación por monóxido de carbono en un hotel del centro. Un menor también resultó afectado en el incidente.
La causa fue archivada en marzo de 2024 al no determinarse el origen del desperfecto. No obstante, la familia de las víctimas inició una demanda contra el Estado provincial por deficiencias en la respuesta del servicio de emergencias 911, solicitando una indemnización de casi $400 millones, la cual fue finalmente desestimada por la Justicia.
Antes de presentar la demanda, los familiares habían llegado a un acuerdo compensatorio con José Mansur, vicepresidente del Club Antonio Tomba y propietario del inmueble donde ocurrió la tragedia, el Hotel Reina Victoria de la Ciudad de Mendoza.
A pesar de ese arreglo, decidieron acudir a la Justicia argumentando que el fallecimiento de los turistas y las lesiones del menor se debieron a una presunta deficiencia en la atención brindada por el 911 durante la madrugada del 9 de enero de 2022.
Esa noche, Valentino González llamó al servicio de emergencias para solicitar asistencia debido a que su madre y su sobrino de 5 años presentaban un grave malestar. Sin embargo, el operador del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) le indicó que los trasladara por sus propios medios al Hospital Central y al Hospital Notti, sin enviar una ambulancia al lugar.
Justicia rechaza el reclamo por negligencia del 911
El viernes, la Fiscalía de Estado de Mendoza informó que el Tribunal de Gestión Asociada – Cuarto del Poder Judicial de Mendoza, con fecha 11 de febrero de 2025, falló en contra de la demanda interpuesta por los ciudadanos venezolanos.
El reclamo incluía una solicitud de indemnización por un total de $389.114.051,13, argumentando que la falta de respuesta del 911 fue determinante en el fatal desenlace.
Los demandantes sostuvieron que la negligencia del operador impidió recibir la ayuda necesaria y, como consecuencia, sus familiares fallecieron. Por este motivo, el empleado del SEC involucrado en el caso fue separado de su cargo.
Un acuerdo previo que complicó la demanda
Durante el proceso judicial, la Fiscalía de Estado detectó que los demandantes ya habían aceptado una compensación económica de 135.000 dólares por parte del propietario del hotel y de la plataforma Airbnb. Este acuerdo se firmó en una mediación penal e incluía una cláusula en la que los beneficiarios renunciaban a iniciar cualquier otro tipo de reclamo.
La omisión de este antecedente en la nueva demanda fue considerada una posible maniobra de estafa procesal. La Fiscalía denunció que los mismos abogados que participaron en la mediación ahora impulsaban el juicio contra la Provincia sin mencionar el pago ya recibido. Tras una audiencia, los demandantes se vieron obligados a presentar el acuerdo ante el tribunal.
Con esta información en mano, el Tribunal determinó que los conceptos reclamados ya habían sido compensados, por lo que rechazó la demanda en su totalidad e impuso el pago de costos a los actores, exceptuando lo relacionado con el menor afectado y el reclamo de daño punitivo.
Separación del operador del 911 por negligencia
La madrugada del 9 de enero de 2022, Valentino González solicitó una ambulancia al 911. La llamada fue derivada al área del SEC, que funciona dentro del Ministerio de Seguridad y es responsable de la coordinación del servicio de emergencias médicas.
El operador a cargo, Roque Alberto Comisso, empleado del Ministerio de Salud, evaluó la situación sin consultar a un superior y decidió no enviar asistencia al hotel, recomendando en su lugar que los afectados fueran llevados a centros de salud por sus propios medios.
Horas después, Tilma del Carmen Tovar y Valentino González fueron hallados sin vida en la habitación del hotel. Como consecuencia de su acción, Comisso fue desafectado de su cargo en el SEC.