El presidente Javier Milei dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que veta el acceso a tratamientos hormonales y cirugías de reasignación de género para menores de edad. Hasta ahora, la Ley de Identidad de Género garantizaba estos tratamientos a las personas trans, aunque en la práctica solo se aplicaban a mayores de 18 años. La medida genera incertidumbre en Mendoza, donde el gobierno provincial ya financiaba estos tratamientos ante el retiro del apoyo nacional el año pasado.
Días antes de la publicación del decreto, el gobernador Alfredo Cornejo había defendido los programas de igualdad de género de la provincia, pero desde entonces el Ejecutivo mendocino ha optado por el silencio. En el ámbito político, los referentes provinciales evitan pronunciarse, en lo que parece ser un intento por evitar una confrontación con el gobierno libertario.
Centros de hormonización y costos de los tratamientos
Mendoza cuenta con diez centros de salud donde se brindan tratamientos de hormonización, distribuidos en distintas regiones para garantizar el acceso a la atención médica a la población trans. A partir del desfinanciamiento por parte de la Nación, la provincia asumió los costos de estos tratamientos, beneficiando a aproximadamente 1.000 personas trans sin obra social.
Según el endocrinólogo Pablo Ferrada, del Hospital Central, en Mendoza sólo tres adolescentes de entre 16 y 18 años reciben tratamiento con bloqueadores hormonales en el Hospital Notti. Estos fármacos, cuyo uso es reversible, permiten frenar el desarrollo hormonal hasta que los jóvenes puedan acceder al tratamiento definitivo de hormonización.
La financiación de estos tratamientos representa un gasto significativo: los bloqueadores hormonales cuestan aproximadamente $700.000 mensuales, mientras que las terapias de hormonización oscilan entre $80.000 y $100.000 según el tipo de tratamiento. En los casos de hombres trans, la testosterona inyectable, aplicada trimestralmente, cuesta $280.000 por dosis.
“El impacto presupuestario de estos tratamientos para el Estado es mínimo, pero para las familias que no tienen cobertura médica, el costo es inasumible”, explicó un funcionario provincial bajo condición de anonimato.
Qué es la hormonización y qué establece el DNU
La hormonización, también llamada terapia hormonal de afirmación de género, consiste en la administración de hormonas para modificar caracteres físicos de acuerdo con el género autopercibido. Según la Fundación Huésped, quienes buscan feminizar su cuerpo reciben estradiol y bloqueadores de hormonas masculinas, mientras que quienes desean masculinizarse utilizan testosterona.
Hasta el jueves, la Ley de Identidad de Género permitía que menores de edad accedieran a estos tratamientos con autorización de sus representantes legales, en base al principio de capacidad progresiva del Código Civil y Comercial. Sin embargo, el DNU 62/2025 elimina esa posibilidad, estableciendo que solo mayores de 18 años pueden someterse a estos procedimientos.
El nuevo artículo 11 de la Ley 26.743 especifica: “Todas las personas mayores de dieciocho (18) años podrán acceder a intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de autorización judicial o administrativa”. A su vez, deja en claro que los menores de edad quedan excluidos de estos tratamientos.
Preocupación por el impacto en adolescentes trans
En Mendoza, 14 personas trans reciben atención en el centro de salud de Gualtallary, en Tupungato, un espacio que ofrece asistencia integral que incluye atención psicológica y acompañamiento familiar. El director del centro, Nicolás Agüero, advierte sobre el impacto de la prohibición en la vida de los adolescentes trans.
“Hemos recibido casos de jóvenes que sufrían intensamente por vivir con un género con el que no se identificaban. Algunos incluso llegaron a autolesionarse. Gracias a la contención psicológica y a los tratamientos hormonales, lograron mejorar su calidad de vida. Uno de ellos, que quería abandonar la escuela, terminó sus estudios, ingresó a la universidad y hoy es profesor de arte”, contó Agüero.
El profesional alertó sobre los riesgos de restringir el acceso a estos tratamientos: “Los bloqueadores hormonales son clave para iniciar el proceso de transición en menores de 18 años. Si se prohíbe su acceso, muchos podrían recurrir a prácticas peligrosas, como el uso de sustancias no controladas, o verse forzados a recurrir a la prostitución para financiar sus tratamientos”.
Con la aplicación del DNU, Mendoza enfrenta un dilema político y legal: si acatar la prohibición impuesta por el Gobierno nacional o defender su autonomía sanitaria y continuar ofreciendo los tratamientos a los adolescentes que ya los reciben.