El presidente de la aceitera Vicentin, Omar Scarel, fue detenido este lunes por la mañana por la causa que investiga la presunta estafa en la venta de acciones que estaban cauteladas por la Justicia.
Scarel fue detenido en la ciudad santafesina de Avellaneda por orden de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de la Fiscalia de Rosario, a cargo de Miguel Moreno, y en las próximas horas será trasladado a esa ciudad.
Además del operativo de detención del empresario, la fiscalía ordenó una serie de allanamientos en oficinas de Puerto Norte de esa ciudad.
El fiscal Moreno investiga a Scarel por maniobras realizadas antes de ocupar la presidencia de Vicentin, firma de la que previamente fue contador, según detallaron fuentes judiciales. Se le imputa haber falseado los balances anuales de 2017 y 2018 para ocultar la realidad financiera de la empresa que recibió un crédito durante la gestión de Mauricio Macri por parte del Banco Nación.
También se le adjudica al ejecutivo de la aceitera haber presentado informes con datos incorrectos ante bancos internacionales para obtener créditos. Con estas maniobras, habría permitido que la firma santafesina consiguiera créditos por unos 500 millones de dólares.
La firma, una de las principales agroexportadoras del país, entró default en diciembre de 2019.
La reacción de la empresa
Luego de la detención de Scarel, Vicentín calificó la medida de "absolutamente injustificada, arbitraria y desmedida", a través de un comunicado. La empresa sostuvo que Scarel y otros miembros del directorio "han estado siempre a derecho, a disposición de la justicia".
"Llama poderosamente la atención que este hecho ocurra, cuando se han alcanzado las mayorías de cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras", apuntó el comunicado.
La aceitera rechazó el motivo de la detención y sostuvo que es "absolutamente falso ya que la compañía de ninguna manera ha incumplido estas restricciones y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento se encuentran en instancias precontractuales ad referendum de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas".
Y concluye: "No existe ningún argumento razonable que justifique una medida de esta gravedad, confiamos que se rectifique de manera inmediata este proceder".