El juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, ha rechazado las solicitudes para mantener el privilegio que permitía a los reclusos en las cárceles de Mendoza utilizar teléfonos celulares, beneficio otorgado durante la pandemia de Covid.
En su decisión, el magistrado determinó que en un plazo de aproximadamente seis meses se deberán retirar todos los dispositivos telefónicos, con algunas excepciones notables. Entre ellas se encuentran las mujeres privadas de libertad, quienes podrán seguir utilizando los móviles.
Sarmiento también especificó que durante este proceso gradual de retirada de los celulares, se notificará a los presos con un plazo de 30 días, brindando así a los familiares la oportunidad de retirar las unidades de las instalaciones penitenciarias. A cambio, se enfatizó que se debe garantizar la frecuencia mínima de una visita familiar por semana.
Sin embargo, la retirada de celulares se limitará a aquellos en los que esté instalado un sistema de telefonía pública, el cual debe ser garantizado por el sistema. Asimismo, se resolvió la instalación de equipos de videollamadas para situaciones de emergencia familiar o para que los detenidos se comuniquen con sus abogados.
Las mujeres pueden tener celular en la cárcel
En una destacada parte de su resolución, el juez Sarmiento expresó: "Hacer lugar parcialmente a la solicitud de la Procuración de Personas privadas de la libertad, y mantener la autorización excepcional para la utilización de telefonía móvil en los centros de detención que se encuentren alojadas mujeres hasta tanto se adecúen las normas reglamentarias a los parámetros establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y se cumplan con las condiciones dispuestas en el punto siguiente".
El magistrado destacó que las mujeres detenidas, siendo en su mayoría madres, tienen necesidades específicas y un contacto limitado con sus hijos, lo cual no se satisface adecuadamente con el sistema de telefonía pública. Por lo tanto, se decidió mantener la autorización excepcional para ellas hasta que se establezcan normativas que consideren plenamente sus derechos y circunstancias.
El procedimiento de eliminación de teléfonos celulares de las instituciones penitenciarias de Mendoza
En la actualidad, hay 4.224 celulares autorizados en manos de los presos en las diversas cárceles de la provincia de Mendoza, los cuales ingresaron durante la emergencia sanitaria por la pandemia desde su inicio en 2020.
Sarmiento subrayó que, más allá del fin de la emergencia, la reforma estructural de la situación debería ser abordada a través de una vía legislativa, considerando una discusión más legítima con los representantes de la Legislatura o el Poder Ejecutivo, en lugar de recurrir a la vía judicial, que fue una medida excepcional en una situación excepcional.
Para llevar a cabo esta resolución, el juez estableció parámetros sobre cómo el Servicio Penitenciario debe llevar a cabo la retirada de los celulares, destacando la necesidad de fijar una periodicidad en el régimen de visitas familiares, asegurando una frecuencia semanal como mínimo, ya que hasta ese momento las visitas se daban cada 15 días debido a la comunicación telefónica previa.