La generación de energía de fuentes renovables y el aprovechamiento de bosques nativos son las principales iniciativas públicas vigentes de economía verde en Argentina. En la dirección contraria se ubica la falta de políticas activas en materia de gestión de residuos y promoción de la incorporación de la materia prima secundaria como alternativa en la producción industrial manufacturera. La afirmación es producto del “Inventario de políticas relacionadas a la economía verde” que realizó la Alianza para la Acción por una Economía Verde bajo el impulso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina con el objetivo de presentar un diagnóstico y profundizar o reformular políticas y prácticas económicas para avanzar en un desarrollo económico sustentable.
Naciones Unidas define la economía verde como aquella que da lugar al mejoramiento del bienestar humano y la igualdad social, mientras que se reducen los riesgos medioambientales: “La transición hacia una economía verde tiene el potencial de crear nuevos puestos de trabajo decente e impulsar la equidad social, pero, a la vez, conlleva complejos desafíos ya que muchos sectores económicos tradicionales deberán transformarse o tenderán a desaparecer”, afirma el informe de la OIT.
El inventario ordena las iniciativas relevadas a partir de tres conceptos centrales de la economía verde: bioeconomía, economía circular y transición energética.
Bioeconomía
La bioeconomía se basa en el consumo y la producción de bienes y servicios derivados del uso directo y la transformación sostenible de recursos biológicos, incluyendo los desechos de biomasa generados en la producción. Un ejemplo es el pastoreo, que permite el desarrollo de una actividad productiva a la vez que limpia los montes y previene los incendios forestales.
De acuerdo al Ministerio de Agricultura, la bioeconomía aportó un 16,1 por ciento al PBI nacional en 2017. De la totalidad del PBI argentino relacionado a la bioeconomía, la mitad lo aporta la producción primaria y el restante el sector industrial.
El relevamiento se detiene en las posibilidades de la bioeconomía asociada a la producción forestal, por presentar un potencial particular en Argentina dada la extensa superficie de bosques nativos a la vez que una gran posibilidad de expansión sustentable de su producción forestal y las cadenas de valor asociadas.
Resalta algunas iniciativas públicas como “Pampa Azul” del Ministerio de Ciencia que busca fortalecer las infraestructuras de investigación e impulsar tecnologías apropiadas para la exploración y explotación de los recursos marinos o “Bioproducto Argentino”, una distinción oficial del MInisterio de Agricultura a los biomateriales y bioproductos de la industria nacional elaborados con materias primas renovables.
También programas de promoción de alimentos sustentables o provenientes de la agricultura familiar como el sello ”Alimentos Argentinos”, “Tierra Viva” y Prohuerta, las redes de municipios agroecológicos y de investigación del INTA, y el Registro Nacional de la Agricultura Familiar. Asimismo, menciona las políticas de promoción de la producción orgánica.
La economía circular apunta a lograr que el consumo de bienes y servicios no dependa de la extracción de recursos vírgenes y, por lo tanto, pueda evitar hacer crecer cada vez más los basurales.
De acuerdo a la OIT, un cuarto del potencial de impacto ambiental de la industria manufacturera está ligado al sector de alimentos y bebidas. Le siguen las actividades de procesamiento de petróleo y gas; la industria química y plástica; la fabricación de metales, en particular acero y aluminio, y la industria automotriz.
El sector del reciclado es apenas del 3 por ciento a nivel nacional y se concentra en plástico, papel y cartón. Aunque se estima que existen entre 100 y 150 mil recuperadores formales e informales de residuos sólidos urbanos en el país, el empleo registrado alcanzaba solo a 3.174 personas en 2018.
El informe detecta un grave déficit de políticas públicas en este sentido: “A diferencia de lo que sucede en otros países y regiones, la Argentina no ha desarrollado aún una política nacional orientada por el paradigma de la economía circular. Su normativa de gestión de los residuos está desactualizada”.
Transición energética
La crisis climática global impone una transformación del sistema energético, con cambios estructurales en las formas en que se produce, transporta, distribuye y consume la energía.
En la Argentina, la matriz energética primaria depende en parte de los hidrocarburos, sobre todo el gas natural, que representan el 87 por ciento de la oferta interna total. El país cuenta con niveles por encima del 98 por ciento de penetración de la red eléctrica y acceso a combustibles limpios para cocción.
“Como contraparte, Argentina cuenta con abundante y distribuida disponibilidad de fuentes renovables para la generación de energía, tanto no convencionales –eólica y solar– como de biomasa y biocombustibles líquidos”, explica la OIT que afirma que el país avanzó significativamente en la regulación de la generación y el consumo de energía eléctrica de fuentes renovables.
“También existen avances notables en materia de luminaria, por medio de la prohibición de importación y comercialización de lámparas incandescentes y halógenas a nivel residencial y comercial y la promoción de tecnología LED”, explica. Por el contrario, se carece de regímenes nacionales de promoción de la energía térmica como de eficiencia energética o de la movilidad baja en emisiones.
