El Senado de España aprobó este miércoles una ley para resarcir a las víctimas del franquismo, uno de los principales proyectos del Gobierno de coalición de izquierdas, que prevé la exhumación de fosas comunes, la anulación de condenas y el fin del "silenciamiento" de los perdedores de la Guerra Civil (1936-1939).
Tras llegar al poder en 2018, el presidente español, el socialista Pedro Sánchez, hizo de la rehabilitación de las víctimas de este conflicto y de la dictadura instaurada por su vencedor, el general Francisco Franco, hasta su muerte en 1975, una de sus prioridades.
"Los socialistas siempre hemos apostado por afianzar nuestra democracia y hoy damos un paso más por la justicia, la reparación y la dignidad para todas las víctimas", tuiteó el mandatario tras la aprobación.
La denominada ley de Memoria Democrática, que en julio pasado obtuvo la luz verde del Congreso de los Diputados, fue ratificada este miércoles en el Senado por 128 votos contra 113 y 18 abstenciones, consignó el diario ABC.
"La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos", afirma el preámbulo de este texto, que fue finalmente adoptado por el pleno, tras rechazarse los distintos vetos presentados por partidos conservadores, liberales y de ultraderecha.
Aunque el debate fue menos virulento que el vivido meses antes entre los diputados, dejo expuesta la profunda división política que suscita esta iniciativa, que amplía una primera ley de "memoria histórica" aprobada en 2007 bajo un gobierno socialista anterior y destinada a reconocer a las víctimas del franquismo.
Los portavoces del bloque de centroderecha del Senado descalificaron a la norma por considerarla una "traición" a la Transición española y a su espíritu de "concordia" entre los españoles y prometieron derogarla si vuelven al poder el año que viene.
El Gobierno, en cambio, se felicitó del resultado, al asegurar que el país "tiene, por fin, una ley que pone en el centro a las víctimas y nos equipara a los países europeos de nuestro entorno".
Los alcances de la ley
Con la adopción de este texto, la búsqueda de las víctimas desaparecidas de la Guerra Civil y la dictadura se convertirá por primera vez en una "responsabilidad del Estado", que financiará directamente las excavaciones y exhumaciones.
Se creará un banco de ADN de las víctimas para facilitar su identificación, y se elaborará un mapa de todas las fosas comunes del país, reportó la agencia de noticias AFP.
En España hay todavía 114.000 desaparecidos forzosos, según afirmó el pasado julio Sánchez ante los diputados.
"Somos, después de Camboya, el país del mundo con más desaparecidos", dijo entonces, en referencia al país asiático que sufrió las atrocidades de los jemeres rojos.
Los desaparecidos de la Guerra Civil son mayoritariamente republicanos, ya que el régimen franquista exhumó de las fosas comunes a numerosas víctimas de su bando para darles sepultura.
Hasta ahora, la búsqueda de los cuerpos de los familiares de las víctimas corría a cargo principalmente de asociaciones y de las regiones, algo que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU criticó en un informe, lamentando "la indiferencia" de las instituciones estatales.
Además de la búsqueda de los desaparecidos, la ley aprobada este miércoles prevé la anulación de las sentencias sumarias dictadas por la justicia franquista y reconoce por primera vez a los "bebés robados" a sus familias por el régimen como víctimas del franquismo.
También se creará una fiscalía dedicada a investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura porque hasta ahora la Ley de Amnistía de 1977 impedía cualquier persecución en nombre de la transición a la democracia.
Sin embargo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lamentó que la norma no vaya lo suficientemente lejos.
La ley "perpetúa la impunidad para los franquistas" porque deja en vigor la ley de amnistía, "no va a juzgar a nadie", ni tampoco "va a indemnizar a las familias de los desaparecidos", afirmó la ARMH en un comunicado.
La ley es el segundo gran paso en el trabajo de Sánchez sobre el tema de la Guerra Civil y la dictadura, tras la exhumación en 2019 de Franco de su mausoleo monumental cerca de Madrid.
Después de meses de batalla legal entre el Ejecutivo y los descendientes, los restos del dictador fueron trasladados a un cementerio más discreto en el norte de Madrid para que su mausoleo en el Valle de los Caídos dejara de ser un lugar de exaltación del franquismo.