Editorial Jornada
En aquella histórica jornada del 30 de octubre de 1983, Alfonsín ganó las elecciones presidenciales con un mensaje de esperanza democrática que caló en los argentinos tras siete años de calamitosa dictadura militar, con su balance de miles de víctimas de la represión, una economía a la deriva y la desdichada aventura bélica de las islas Malvinas. Restableció las libertades, brindó diálogo y exudó honestidad, ante tantas dificultades que debió asumir que permanentemente trataban de erosionar su gobierno.
Para comprender mejor lo difícil que fue gobernar en ese momento con la presión militar, quiero citar parte de la obra del politólogo estadounidense Daniel Poneman, quien en su libro “La democracia argentina puesta a prueba”, afirma: “En los primeros años de la democracia, Raúl Alfonsín estaba solo en el mando. Fue el único líder que pudo guiar a la Argentina a través de esas aguas peligrosas. Alfonsín es una rareza argentina; combina el carisma con el impulso democrático. Respeta la ley. Más importante aún, fortalece la democracia con el pragmatismo. La democracia debe triunfar, no porque es un ideal admirable en el plano de la abstracción, sino porque es la solución, tal vez la única solución, de los problemas crónicos que han plagado a la Argentina”.
“Quizá no debería una democracia depender tanto de un solo hombre. Puede parecer extraño que se requiera un líder particular y carismático para establecer un sistema rutinario y pluralista. Pero así son los caprichos de la historia. Esto hace tanto más aterradora la amenaza proferida por el fanático general Ramón Camps, némesis de Jacobo Timerman en ‘Preso sin nombre, celda sin número’, obra de este último.
“Camps, condenado por su desempeño como jefe de la policía de Buenos Aires y protagonista de la guerra sucia, le dijo al antiguo director del Buenos Aires Herald Robert Cox: ‘Cuando volvamos al poder, mi mano no se estremecerá al firmar la orden de ejecución de Raúl Alfonsín’…
“Sin embargo, Alfonsín no enfrenta solo un gran desafío. Su destino depende del pueblo argentino, la nación entera se enfrenta con su mayor prueba: debe dejar atrás el gobierno por cabildeo y vivir dentro de los límites de su propia Constitución. Debe ocurrir un cambio profundo en el carácter nacional para que pueda establecerse con firmeza la democracia en la Argentina. Hoy hay vislumbres favorables. Se están reanimando el debate político y la expresión artística. Pero se requerirá una generación o más. Sin un fuerte tabú contra los golpes militares, esa generación para el cambio será reiteradamente interrumpida, y su tarea permanecerá inconclusa”, escribía en 1987 el pensador norteamericano.
Y fue Alfonsín, quien pudo llevar adelante la brava tarea de poner en vigencia el nuevo sistema político, para los tiempos, por el cual a la hora de su partida de la vida terrenal se lo reconociera como “El padre de la democracia”.
Alfonsín arrancó sus seis años de mandato con un talante conciliador, tratando de proyectarse más como el jefe de un Estado que como el líder de un partido, y de superar vindicaciones y sectarismos arraigados en la política argentina, pero sin olvidar la acción de justicia con las víctimas de la dictadura. El compendio de este espíritu regenerador y moralizador venía a ser la sentencia de “el pueblo unido jamás será vencido”, coreada en la Plaza de Mayo tras finalizar el traspaso de poderes.
El 13 de diciembre Alfonsín firmó el decreto 158/83 para someter a juicio penal ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de las tres juntas militares –a la sazón los comandantes en jefe de las tres armas en cada momento–, por su responsabilidad en los homicidios, torturas y detenciones ilegales perpetrados entre 1976 y 1983. Y mando al congreso la ley que se aprobó el 22 de diciembre, la Ley 23.040, derogó “por inconstitucional” y declaró “insanablemente nula” la vulgarmente calificada ley de autoamnistía, norma de facto promulgada el 23 de marzo por la Junta Militar saliente para protegerse de una iniciativa como la presente; Alfonsín firmó la Ley 23.040 seis días después. Los juicios que se avecinaban, que no tenían parangón en la historia de América Latina –y cuyo precedente más parecido en todo el mundo eran los juicios de Nüremberg a los jerarcas nazis tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial–, iban a contar con el valioso aporte de la investigación realizada por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), convocada por Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 y cuya presidencia se encomendó a Ernesto Sabato.
El comúnmente denominado “Informe Sabato”, entregado al jefe de Estado en la Casa Rosada el 20 de septiembre de 1984 y publicado en forma de libro con el título de “Nunca más”. Ese informe fue la base para el juicio final que condeno tras el alegato del fiscal Strassera, a las Juntas Militares, a la prisión, varios de ellos a perpetuidad. Hasta que fueron indultados por el gobierno de Carlos Menem.
Es necesario que hoy recordemos aquella elección del 30 de octubre que nos permite vivir en democracia, lamentablemente una democracia que aún no cumple con todos sus objetivos y que para peor inmersa en una grieta salvaje que divide a los argentinos y permite el estancamiento. Grieta que debemos superar lo antes posible a través del diálogo y la convivencia pacifica, sobre todo en este día en el que también recordamos a Raúl Alfonsín que fue el político antigrieta por antonomasia.