Luego de que un grupo de vecinos de Guaymallén prendió fuego la torre de departamentos ubicada en calle Manuel A. Sáez al 3080, el municipio informó que avanzará con la demolición de las viviendas por los diferentes hechos de inseguridad denunciados.
"Si bien el municipio no tiene dominio sobre la propiedad, esta Administración ha decidido intervenir con el objetivo de brindar seguridad a los vecinos de la zona, priorizando su bienestar", informaron desde el municipio.
Se trata de complejos que fueron construidos hace más de una década por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en terrenos de la unión vecinal Jardín del Sol y transferidos posteriormente a los propietarios de cada unidad. El 23 de julio de 2017, una explosión causada por una fuga de gas destruyó varios departamentos y los habitantes fueron desalojados.
Sin embargo, a pesar de que el ingreso de la torre quedó cerrado para prevenir incidentes mientras los propietarios debían encargarse de los procedimientos legales necesarios para la demolición, el lugar fue usurpado por malvivientes.
Meses después, algunos propietarios manifestaron la intención de reparar el edificio, pero tenían que sacar a las personas y había que tramitar estudios específicos para elaborar un plan de refuerzo estructural, que debía gestionarse de manera privada. La intención de algunos propietarios para levantar la torre no alcanzó y los estudios nunca fueron realizados, lo que resultó en la clausura definitiva del edificio.
Con el paso del tiempo, la estructura sufrió actos de vandalismo y, ante los reiterados reclamos de los vecinos, el municipio ofreció colaborar en la demolición, aunque no se registraron avances legales por parte de los propietarios.
Dada la inacción de los propietarios y el riesgo que representa la propiedad, que fue incendiada la noche de ayer, el Municipio de Guaymallén, en resguardo de la seguridad pública y con el fin de obtener una solución inmediata a la problemática edilicia que presenta el inmueble afectado, ha iniciado los trámites correspondientes para evaluar la procedencia de una demolición, conforme al marco jurídico vigente.
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El municipio restablecerá el apuntalamiento y el tapiado preventivo para garantizar la seguridad de la estructura y evitar un colapso descontrolado, mientras se avanza en la autorización para la ejecución de las tareas necesarias para la demolición.