Llega el verano y comienzan las temporadas en piletas, natatorios y espejos de agua, lo que pondera la figura del guardavidas, la persona encargada de “cuidar” a los bañistas.
Son personas que en la mayoría de los casos se han formado profesionalmente en distintos ámbitos académicos y que cuentan con un aval nacional para desempeñar esa tarea. Sin embargo, muchos ni siquiera son reconocidos profesionalmente, no poseen cobertura social ni aportes jubilatorios porque los contratos son demasiado informales.
Desde el sector están convencidos de que si Mendoza adhiriese a la Ley nacional de Guardavidas (27.155), su situación sería distinta.
Esa norma, que se promulgó en 2015 pero fue reglamentada recién en 2021, reconoce (art. 1°) a los profesionales guardavidas, regula su formación y también sus condiciones de contratación y desempeño (art. 2°).
Ése es precisamente el reclamo de quienes cumplen esta notable tarea relacionada con la salud y el bienestar de las personas que disfrutan de una pileta.
“Es lamentable, pero Mendoza no adhiere a la Ley nacional de Guardavidas”, señaló días atrás en Radio Jornada, Esteban Marchese, coordinador de la Escuela de Guardavidas de la Universidad Maza. El profesional habló en el programa “Con peras y manzanas” (sábados de 10 a 12) y dio a entender que aquel sustento legal nacional vigente, solo es requerido ante situaciones conflictivas, como un ahogamiento o un hecho sucedido en algún natatorio.
En igual línea habló con Diario Jornada Carlos Agüero, coordinador de la carrera de Formación de Guardavidas del Instituto de Educación Física Jorge Coll. “Mendoza sigue sin estar adherida y en lo único que se basa es en las ordenanzas municipales”, destacó el profesor, algo con lo que Marchese coincidió.
En realidad, hace casi una década, a instancias de los propios guardavidas, se generó un proyecto de Ley provincial para regular la actividad. La iniciativa tuvo idas y vueltas y si bien logró media sanción en el Senado, en la Cámara de Diputados su tratamiento se disipó. “Hubo algunas trabas” confirmó la ex legisladora Daniela García (UCR), una de sus impulsoras.
Una situación parecida ha atravesado el proyecto de adhesión a la Ley nacional que promovió la diputada justicialista Roxana Escudero, quien presentó el proyecto en 2022. “El proyecto se trató en la Comisión de Salud, incluso fueron los guardavidas para explicar su situación pero dijeron que no hacía falta la adhesión”, dijo Escudero a Jornada.
Efectivamente, en abril de 2023, la Comisión de Salud, presidía el radical Daniel Llaver, concluyó que no hacía falta adherir, precisamente por la existencia de la norma nacional. “Ya existe una ley nacional de orden público que garantiza todos los reclamos a los que se hace referencia”, dijo en aquella oportunidad Llaver. Sin embargo, los reclamos referidos por los guardavidas siguen sin ser contemplados.
Uno de los más serios cuestionamientos es la informalidad. “Los guardavidas se contratan en negro, por pocos meses, casi no hay alta laboral temprana, no tienen aportes ni obra social”, dijo Agüero. “Tampoco existe control de la actividad”, agregó.
Para el profesor de guardavidas, que conduce una entidad académica de “más de 25 años en la formación de estos profesionales”, el mejor acuerdo que puede lograr un trabajador de esta actividad es “un contrato de locación de servicios”, es decir, como monotributista
A eso se agrega que las ordenanzas municipales actuales no se ocupan tanto de esa formalidad laboral. “Se ocupan más de las condiciones estructurales que de la tarea de guardar vidas”, informó Agüero, indicando que contemplan aspectos como las condiciones de los natatorios, “el uso del cloro o si hay matafuegos”, entre otros.
Esa informalidad y el escaso control se demuestra cuando no pocos reconocen que en piscinas y natatorios “a veces hay jóvenes que ocupan ese lugar porque son deportistas destacados o a lo mejor, estudian educación física, pero no están capacitados como guardavidas”, señalaron ambos docentes.
Representación gremial esquiva
Aquel proyecto de Ley mendocino de hace diez años, fue impulsado por una efímera Asociación Mendocina de Guardavidas, Rescatistas, Acuáticos y Afines (AMGRAA). “Fue una entidad que no pudo prevalecer, quizás por la misma informalidad”, reconoció Agüero.
En la actualidad existe a nivel nacional SUGARA (Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina), organismo que llevó el reclamo por la adhesión a la Ley nacional a la Comisión de Salud de Diputados, el año pasado.
Pero en la actualidad, este gremio solo limita su cobertura a quienes son responsables de guardar la vida de las personas en aguas abiertas, ya que en las piletas, la prevalescencia la tiene UTEDYC (Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles), es decir, el sindicato que reúne a los empleados de clubes, sin distinción de tareas específicas.
Hoy en día, y contando la formación profesional que existe desde hace 25 años en el IEF J. Coll y en la U. Maza, son “más de tres mil” los guardavidas formados profesionalmente en Mendoza, pero sin una clara representación gremial ni colegiada.
Así se forman los profesionales guardavidas
En Mendoza existen dos entidades que forman guardavidas. La carrera de formación del IEF (dependiente de la Dirección General de Escuelas) y la Escuela de Salvamento Acuático de la Universidad Maza.
En ambos casos, el cursado regular es obligatorio, de aproximadamente un año, con clases teóricas y prácticas. El título que otorgan es el de Guardavidas Profesional.
Un dato: tanto Agüero como Marchese confirmaron que muchos de los profesionales egresados de esas carreras “terminan trabajando en Europa y otras partes del mundo, por su gran calidad de formación”.