Los abogados de Lázaro Báez insistieron hoy en que la fianza de $632.500.000, fijada por el Tribunal Oral Federal Nº4 para la excarcelación del empresario santacruceño es “exorbitante” y recordaron que existe un “impedimento legal” para abonar esa suma, en el marco de las negociaciones que realizan para lograr un “seguro de caución” que permita la libertad de su defendido.
Luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dispuso ayer la excarcelación bajo fianza del empresario en la causa que investiga supuesto lavado de dinero, los letrados Juan Martín Villanueva y Elizabeth Gasaro presentaron un escrito en el que recordaron al tribunal que Báez se encuentra detenido hace ya más de 4 años y que “todas sus empresas y cuentas se encuentran inhibidas y/o embargadas”.
En declaraciones a radio Continental, Gasaro dijo hoy que la “fianza es enorme, por lo cual estamos pidiendo la sustitución por un seguro”, y consideró que “es imposible de pagar”, en un contexto donde su defendido lleva “cuatro años presos en el marco de una detención ilegal”.
“Ahora presentamos un escrito pidiendo la reducción de la fianza y hay que recordar que, desde el día uno de la detención de Lázaro, se apropiaron de todas sus empresas”, señaló la letrada.
En el mismo sentido se pronunció Villanueva en un reportaje a Radio La Red: “Estamos esperando que una empresa de seguros se haga cargo de la fianza porque, más allá del monto, que es exorbitante, existe un impedimento legal porque él tiene sus propiedades inhibidas”.
“Le planteamos al Tribunal Oral, que sabe mejor que nadie que el pago es de imposible cumplimiento y lo sabe porque es el que mantuvo la inhibición de sus bienes, la posibilidad del seguro ya que ellos saben que Báez no dispone de ese dinero”, manifestó.
En ese marco, el abogado se pronunció por que el tribunal “fije una caución de posible cumplimiento” y dijo, sobre la presentación realizada ayer a las 14, que “todavía no hay respuesta”.
Los jueces del TOF 4 dispusieron que Báez deberá someterse al cuidado del Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico de GPS, con un radio de 100 kilómetros a la redonda del lugar de residencia informado.