La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta, expuso ante el plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación sobre los proyectos para prevenir la violencia por motivos de género hacia mujeres y personas LGBTI+ con estado parlamentario.
En el inicio de su intervención, Gómez Alcorta afirmó que no se iba a referir a los más de 50 proyectos que se están tratando en las comisiones, sino que explicaría el impacto diferencias que tiene el derecho penal en relación a los géneros, y que luego daría un diagnostico de los principales problemas para abordar desde el derecho penal las violencias por motivos de género. “Más allá de las enunciaciones que puedan existir a título normativo, parto desde este principio: el derecho penal en principio no previene, siempre interviene cuando el hecho sucedió. No quiere decir que no lo haga en alguna ocasión. No previene en términos generales”. Y señaló la importancia de reconocer que “el derecho penal tiene un impacto diferencial en las mujeres, en las diversidades y los varones, tanto cuando llega frente a un conflicto en el cual una mujer o un integrante de la población LGBTI+ es víctima, como cuando se criminaliza a una mujer o a un miembro de esa población”.
Durante su exposición que se extendió por poco más de una hora, Elizabeth Gómez Alcorta partió de un marco general, realizó un diagnóstico de la situación actual y detalló los déficits en materia de justicia penal. “Más allá de las cuestiones estrictamente normativas si no aseguramos el acceso a la justicia de las mujeres y la población LGBTI+ en su sentido más amplio posible y no modificamos la estructura de los poderes judiciales con amplias y profundas reformas que incluyan desde el acceso a los cargos de decisión a las mujeres, hasta el aseguramiento de una perspectiva de género al resolver los conflictos, las reformas normativas no tendrán ningún efecto”.
Antes de terminar definió como prioritario identificar los problemas y obstáculos que llevan a la impunidad de los autores de los delitos vinculados con las violencias de género para volver más eficiente al sistema de justicia. “Sin lugar a dudas hay que buscar los mecanismos que hagan más eficientes las intervenciones del sistema de justicia priorizando políticas de persecución de las violencias extremas. Hay que ser más eficientes y ampliar el abanico de alternativas que tengan un impacto real en los procesos penales y en los conflictos. Detrás de cada proceso penal hay conflictos que, en general, son interpersonales y muy complejos”.
En ese contexto, aseguró que la reforma del Código Penal debe ser integral. “Los parches no sirven”, señaló. Y expresó que es necesario visibilizar las formas específicas de la violencia patriarcal. “El Código Penal y los códigos procesales penales deben dar un marco normativo que amplíe la capacidad de intervención estatal, no amplificando el derecho penal sino dando mayores capacidades para intervenir en estos delitos, con la especificidad que tienen”.
Por último, enfatizó la necesidad de pensar la política criminal no es sólo desde el lugar de mujeres en tanto víctimas sino también considerando a las mujeres imputadas. “Es un camino con mucha responsabilidad el que tienen, sabemos que es fácil de resolver una demanda punitiva socialmente asociada con una falsa idea de justicia, pero ustedes tienen en sus manos la mayor herramienta de violencia estatal y eso exige una responsabilidad enorme”.
La cuarta reunión informativa estuvo encabezada por las diputadas Carolina Gaillard y Mónica Macha. En su intervención la presidenta de la comisión de Legislación Penal aseguró que la reunión conjunta junto a la comisión de Mujeres y Diversidades busca realizar un abordaje integral de la violencia de género. Luego, Macha señaló: “El trabajo articulado entre comisiones pero también con el ministerio es una experiencia de construcción distinta y disruptiva. Es un desafío poder articular estos dos mundos como son el pensamiento penal y las cuestiones que venimos militando y trabajando las mujeres, lesbianas, no binaries, travestis y trans para generar mayor justicia y mayor igualdad”.
Por su parte, Cristina Álvarez Rodríguez explicó que impulsó el tratamiento de los proyectos de manera conjunta para analizarlos desde una perspectiva de género “para desconstruir y romper la estructura binaria y hétero patriarcal con que se piensan las leyes en general, y particularmente las leyes penales”. A su vez, celebró el proceso participativo a través del cual se construyó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos Géneros presentado el viernes pasado por parte de Elizabeth Gómez Alcorta y el presidente de la Nación Alberto Fernández y valoró la creación del Registro Nacional de Promotoras Territoriales, el programa de para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de Femicidio, Travesticidio y Transfemicidio que se oficializó hoy en el Boletín Oficial, entre otras