El gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Ingreso Mínimo Vital para las personas más vulnerables. Más del 9% de los españoles son pobres. El estado gastará 3mil millones de euros
El ingreso mínimo vital es ya una realidad en España. El Gobierno dio luz verde a esta ayuda que, en palabras del presidente Pedro Sánchez es “una medida histórica en nuestra democracia para que nadie se quede atrás”.
En la práctica, esto se traduce en una ayuda que garantiza ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. La principal novedad que diferencia a esta prestación de otras es que es compatible con otras ayudas u otros ingresos, incluido los ingresos laborales. Con lo cual, el Gobierno pretende incentivar que la persona que accede a la ayuda pueda aceptar también un trabajo.
Una ayuda cuya puesta en marcha se ha acelerado debido a la crisis provocada por el coronavirus. “No hay libertad si no se puede llegar a fin de mes”, decía el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en rueda de prensa.
Según ha dado a conocer el vicepresidente Pablo Iglesias en rueda de prensa, el IMV llegará a unas 850.000 familias y la ayuda rondará los 462 euros para los hogares unipersonales hasta los 1.015 para aquellas familias compuestas por un mayor número de miembros. Entre medias, existen hasta 14 tramos diferentes en función de los hijos e hijas o de las personas mayores que convivan en el hogar. Se contempla que por cada hijo a cargo o por cada adulto en la unidad familiar, se incremente en 139 euros la prestación. Las familias monoparentales tendrán un complemento de 150 euros. Hasta llegar a los 1.015 euros que es el tope de la ayuda mensual.
Para solicitarla, las familias deben acreditar que están en situación de vulnerabilidad. El ingreso mensual de los hogares tiene que ser inferior a la cuantía de ayuda que le correspondería. Es decir, una persona podrá solicitar el ingreso mínimo vital si su salario está por debajo de los 200 euros ($15.200). También si la media de ingresos en un hogar, por persona, es inferior a los 450 euros ($34.200).
En este caso, por ejemplo, si uno de los miembros de la unidad familiar cobra menos de 200 euros al mes y su pareja cobra 600 –lo que entre los dos da una media de 400 euros por cabeza- también podría acceder a la ayuda ya que en este caso no contaría el ingreso mínimo de 200 euros.
Esta ayuda también respalda a los inmigrantes, siempre y cuando lleven un año viviendo en España. Una exigencia que se levanta si la persona ha ido víctima de malos tratos o de trata.
¿A cuánto asciende la ayuda?
La cantidad no es fija, sino que varía según la situación de la familia o la persona que lo solicite. En teoría, la ayuda pretende cubrir la diferencia entre lo que ingresa el hogar al mes y el umbral fijado para que pueda subsistir.
Sin embargo, desde el Ministerio aseguraron que partirá de un mínimo de 462 euros cuando se trate de un hogar con un solo adulto y podría llegar hasta los 1.100 euros mensuales.
Hay distintas características en cada hogar que podrían modificar el ingreso percibido, por ejemplo, si el solicitante tiene hijos o en la casa hay más de un adulto sin ingresos, la cuantía sería mayor.
No es incompatible con otras ayudas
El ministro Escrivá defendió en el Congreso que con el ingreso mínimo vital quería una ayuda “multicanal” para llegar a los más vulnerables, con lo cual, los que lo soliciten podrán complementarlo con otros subsidios de las distintas Comunidades Autónomas. Esta ayuda se sumará a los cerca de 300.000 salarios sociales que ya se emiten.
¿Cuánto le costará al Estado español?
Este proyecto supondrá un coste de 3.000 millones a las arcas del Estado y se estima que unas 850.000 familias podrán acceder a ella, más de la mitad tienen niños a cargo. También los adultos que vivan solos y tengan entre 23 y 65 años. Si estos hogares consideran que cumplen los requisitos, deben empezar los trámites para solicitar la ayuda.
Sin embargo, a partir del mes de junio unas 100.000 familias podrían empezar a cobrarla de manera automática. Según el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el Gobierno actuará “de oficio” con miles de familias de las que ha analizado su situación económica y social.