La iniciativa se enmarca dentro del programa nacional “Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares”.
El gobernador Rodolfo Suarez, junto al ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgro y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, firmaron un convenio para la urbanización de barrios populares. La iniciativa se enmarca dentro del programa nacional “Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares”.
Tanto Mendoza, como el resto de las provincias posee un conjunto de barrios que aún no cuentan con servicios básicos. Por ello “se ha constituido en nuestro ministerio un fideicomiso y un fondo para urbanizar, sobre esa base cada provincia fija las prioridades y se comienza a trabajar”, explicó Arroyo.
En este sentido, el ministro detalló que “comenzamos con tres tareas, urbanizar que es abrir calles, que es espacio público; luego el mejoramiento de viviendas, con núcleos húmedos cocina y baño y la piecita de atrás para resolver el problema de hacinamiento; finalmente lotes con servicios”.
Arroyo le agradeció al gobernador “por la posibilidad de poder avanzar con este tema central que es mejorar la vivienda y la infraestructura de los argentinos”.
Por su parte, el ministro de Planificación e Infraestructura, Mario Isgro señaló que hoy “estamos celebrando el convenio que firmó nuestro Gobernador Rodolfo Suarez con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo”. Aclaró que la iniciativa forma parte de “una temática que es muy importante para nuestra provincia. Se trata del desarrollo urbano de los barrios emergentes y los servicios mínimos de vivienda”.
Sobre el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)
El Programa tiene como objetivo principal el financiamiento de proyectos para la formulación, elaboración e implementación de Proyectos de Integración Socio Urbana para los barrios inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la ejecución de Proyectos de Obras Tempranas.
Las obras a realizarse en los Barrios Populares deberán adjudicarse, en un 25% como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los vecinos y vecinas de los barrios.
Este conjunto de acciones tiene como meta el acceso a los servicios básicos, la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el tratamiento de los espacios públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad a los barrios, la conectividad y el saneamiento. Dichas acciones buscan ser integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad.