La Secretaría de Energía relevará los proyectos que por diversos motivos no se concretaron y definirá su destino. Hasta agosto pasado había 69 en construcción.La provincia tiene muchos proyectos en carpeta, y en desarrollo.
Entre los proyectos en operación comercial y los proyectos en desarrollo, la potencia instalada de las energías renovables en todo el país asciende a a unos 6.000 megavatios. De acuerdo a los datos de la Compañía Administradora del Mercado Maryorista Electrico (CAMMESA), se estima que unos 4.000 MW están en generando y entregando electricidad a las redes. Pero hay un puñado que está a un paso de definir su destino.
Te puede interesar
Casi 2.600 MW son de energía eólica, que suelen ser proyectos grandes y se extienden la Patagonia en el sur de la provincia de Buenos Aires, unos 760 MW son de generación fotovoltaica, que está creciendo mucho en el Noroeste y Noreste del país, 500 MW son de generación hidraúlicas y el resto de bioenergías.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Energía, hasta agosto pasado los proyectos de energía renovables en marcha eran 211, de los cuales 142 están operación comercial y 69 en construcción. Pero hay un puñado que quedaron a la deriva. Entre los que están en proceso para ponerse en pie y empezar a generar y los que aún no ven de cerca ese destino, se puede sumar aproximadamente unos 2.000 MW de capacidad instalada. Eso es lo que se propone relevar la cartera a cargo de Darío Martínez antes de terminar el año.
Para la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), los motivos son diversos y no es posible hacer una generalización. Muchos arrastran inconvenientes para completar sus financiamientos desde antes de la pandemia, también algunos se ahogaron al ver profundizadas sus dificultades por la crisis sanitaria global y unos pocos la identifican como la causa principal de su parate. Lo que resta vislumbrar es cuáles son los que mantienen a flote la posibilidad de continuar.
“Dimos un tiempo para los proyectos que no comenzaron, pero ese plazo vence ahora. Esperamos que nos den una devolución sobre el por qué no comenzaron”. Darío Martínez, secretario de Energía de la Nación.
A partir de la activación de dos leyes comenzó a modificarse el escenario de acción para las energías alternativas los últimos cuatro años. Una de esas iniciativas fue el decreto que reglamentó en 2016 la Ley 27.191 de Fomento para el Uso de Fuentes Renovables para la Generación, que supone la incorporación de 10.000 MW de energías alternativas a las de origen fósil a la red eléctrica para el 2025, con lo que se alcanzaría a completar un 20% de la matriz energética del país.
El 13 de septiembre quedó marcado en el calendario como el día récord de cubrimiento de la demanda con energías renovables, según los datos que publica CAMMESA: se llegó por primera vez al 22,6%, aunque lo habitual es que no supere el 12%. Una variable importante que se debe considerar es que las renovables tienen prioridad en el despacho al mercado en relación a las otras fuentes de energía. En un contexto de caída de la demanda eléctrica -por la crisis y el parate productivo forzado por la pandemia-, la prioridad favorece doblemente la mayor presencia de los renovables en la matriz.
La otra iniciativa que motorizó el segmento de las energías limpias fue la sanción de la Ley 27.424 de Generación Distribuida en 2017, para la que se publicó a fines de 2018 la resolución 314 que acompaña la reglamentación. Las dos normas ayudaron a impulsar el mercado de las renovables, aunque el crecimiento llegó a un tope, ya que si bien el gobierno de Mauricio Macri avanzó mucho en la construcción de generación con las rondas licitatorias 1, 1.5 y 2 del Plan RenovAr –las adjudicaciones en la 3 no cuentan porque son de menor escala-, se demoró en la construcción de la capacidad de transporte necesaria para poder cumplir con las metas de la Ley.
Asimismo, la variable financiera siempre estuvo presente como obstáculo y se profundizó en el último tramo del mandato macrista con las repetidas devaluaciones del peso. El cambio de gestión trajo una definición casi inevitable en un contexto macroeconómico de falta de divisas difícil de revertir. La primera definición del Gobierno de Alberto Fernández para el sector fue que CAMMESA no acepte más contratos en dólares. La pandemia, luego, no hizo más que engrosar el listado de dificultades, que en rigor terminan siendo todas barreras para el financiamiento.
La energía renovable tiene un potencial enorme en Argentina. Las condiciones macroeconómicas que rigen en el país plantearon un freno.
Vientos Neuquinos es uno de los proyectos más exitosos del programa MATER. Aporta 100,5 MW desde Neuquén para casi 30 grandes consumidores del sector privado.
Los pequeños emprendimientos enmarcados en la Ley de Generación Distribuida y en los contratos denominados MATER (Mercado a Término de Energías Renovables) toman relevancia en la agenda del sector de las energías limpias ante la falta de nuevas licitaciones para proyectos grandes de parques eólicos y solares en el mediano plazo.
La Ley 27.424 de Generación Distribuida permite a los usuarios del sistema eléctrico interconectado autogenerarse con energías que obtengan de la producción de paneles solares, tecnologías de biomasa y biogás, turbinas hidroeléctricas o aerogeneradores de baja potencia e inyectar el excedente de generación si lo hubiera a la red en todo el territorio. Además, la normativa establece una exención de los impuestos de IVA y Ganancias para los usuarios generadores, residenciales o pymes pequeñas, solamente para cuando inyecten energía a la red.
Se calcula que un hogar con consumo promedio de 300 kv/h mensual tardará 7 años en recuperar la inversión de entre 6 y 8 paneles solares. Para ello requiere un gasto inicial de instalación de entre 3 y 4 mil dólares. Una pyme, por caso, deberá invertir cerca de 25.000 dólares.
Fuente: Más Energía.