Ante los proyectos de Ley de Regulación de Criptoactivos que han circulado esta semana, la ONG Bitcoin Argentina, la institución pionera en la región que desde 2013 defiende la tecnología Bitcoin y por extensión, las criptomonedas, y los desarrollos sobre blockchain y redes distribuidas, considera importante hacer notar que no ha sido parte de los mismos, ni ha sido consultada al respecto y pone de manifiesto que no representan su visión y considera que para lograr un consenso genuino deben surgir de un proceso maduro de participación y diálogo entre todos los participantes del ecosistema y la sociedad en su conjunto.
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Para abordar tan ambicioso objetivo a nivel legislativo es necesario ser conscientes de lo multidisciplinaria y compleja que es la tarea que busca abarcar todos los aspectos de una tecnología que ha revolucionado la manera de transferir valor y en donde las jurisdicciones y usuarios son casi imposibles de establecer. También es requisito comprender los fundamentos de las tecnologías distribuidas, sus particularidades y diferencias en relación a otros activos u monedas para determinar aplicabilidad, su alcance y el real impacto de la norma.
El proyecto no solo requiere la participación de todos los actores implicados sino también de una postura abierta, positiva y original buscando generar condiciones que fomenten un ecosistema sano y a la vez potencie los proyectos y aproveche los recursos humanos cuyo reconocimiento es a nivel global.
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A pesar de que la ONG reconoce el valor que la certeza jurídica ofrece al desarrollo de la innovación tecnológica, tanto en el ámbito financiero al crear un marco regulado y seguro para desarrollar nuevos proyectos como en otros ámbitos, esto no puede ni debe hacerse en favor de sumar una carga jurídica de envergadura y novedosa sobre el individuo o prestador de servicio, o cercenando la creación de proyectos realmente disruptivos por exigencias burocráticas inejecutables.
Desde la ONG y tal como lo hace desde sus inicios, estamos abiertos a acompañar en el debate de cualquier propuesta que promueva la adopción y aplicación de esta tecnología de enorme valor y potencial para cualquier país, sin criminalizar las interacciones voluntarias entre personas, promoviendo límites de aplicación claros y conscientes de las complejidades de esta tecnología, y no sujetos a libre y variante interpretación de las autoridades.