La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado de Mendoza, presidida por Ángela Florida, otorgó despacho favorable al proyecto del Poder Ejecutivo que establece la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), contemplado en el Título VII de la Ley 27.742.
Al comienzo de la reunión, Floridia explicó que este proyecto busca garantizar estabilidad, seguridad pública y protección de derechos en materia tributaria para aquellos que decidan invertir en sectores específicos como infraestructura industrial, infraestructura minera, tecnologías y energías.
En tanto que la senadora Natacha Eisenchlas aclaró que el proyecto no implicará nuevos impuestos ni incrementos en las tasas actuales. Señaló que la medida busca asegurar la estabilidad fiscal para los inversores, manteniendo una relación directa con el costo del servicio.
Desde la Unión Mendocina, el senador Valentín Gonzalez planteó la posibilidad de consultar sobre la posibilidad de implementar algún tipo de Régimen de Incentivos Generales para Inversiones (RIGI) a nivel local. Destacó la importancia de contar con herramientas que ofrezcan beneficios a largo plazo, como incentivos de hasta 30 años, para fomentar el desarrollo y la atracción de inversiones.
En respuesta, el senador Martín Kerchner Tomba mencionó que se debería consultar al ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, para determinar la viabilidad de la propuesta. Subrayó que, aunque existe la intención política de impulsar un régimen de incentivos, es necesario evaluar los recursos disponibles para su implementación.
Objetivos del RIGI
El RIGI está diseñado para fomentar el desarrollo en sectores estratégicos como la forestoindustria, el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía, el petróleo y el gas.
Estos sectores enfrentan desafíos particulares que dificultan la realización de grandes inversiones, como la necesidad de capital intensivo y los largos periodos de recuperación de costos. Sin un marco de incentivos adecuado que brinde certidumbre y competitividad, estas inversiones serían inviables, según se detalla en la fundamentación del proyecto.
El régimen no solo busca atraer inversiones de largo plazo, sino también adelantar las condiciones macroeconómicas necesarias para estas inversiones. Se garantiza a los inversores, que se comprometan a realizar grandes inversiones dentro de un plazo determinado, la certeza, previsibilidad, estabilidad, seguridad jurídica y protección de los derechos adquiridos en materia tributaria, aduanera y de normas cambiarias, necesarias para la viabilidad de dichas inversiones.
Ángela Florida explicó que la ley contempla un capítulo específico sobre el impacto de los impuestos locales. El Capítulo XI de la Ley 27.742 se relaciona directamente con las jurisdicciones locales y establece que, además de la adhesión, las provincias y municipios no podrán imponer nuevos gravámenes a los beneficiarios del régimen, salvo las tasas retributivas por los servicios efectivamente prestados.
El artículo 224 de la Ley Nacional invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al RIGI bajo sus términos y condiciones. Quienes se adhieran no podrán crear nuevos gravámenes locales para los beneficiarios del régimen. Se considera nuevo gravamen cualquier hecho imponible nuevo respecto de los existentes al 31 de diciembre de 2023 o cualquier modificación que implique una mayor carga fiscal.
Además, el artículo 225 estipula que las tasas retributivas por servicios prestados no podrán exceder el costo específico del servicio efectivamente prestado. Una tasa excede dicho costo si se determina en función de ventas, ingresos brutos, ganancias u otros parámetros análogos.
La adhesión de Mendoza al RIGI representa un paso crucial para atraer capital y desarrollar sectores estratégicos en la provincia. Con un marco legal que promueve la certidumbre y competitividad, se espera que las grandes inversiones florezcan, impulsando el desarrollo económico y la creación de empleo en la región. Este régimen también busca fomentar el desarrollo coordinado entre el Estado Nacional, las provincias y las autoridades de aplicación en materia de recursos naturales, además de estimular las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión.
