Argentina debe afrontar este lunes y martes vencimientos por casi US$ 2.900 millones para pagarle al Fondo Monetario Internacional las cuotas del plan anterior acordado con el gobierno de Mauricio Macri, mientras el directorio del FMI se prepara para discutir la ratificación del entendimiento alcanzado entre el staff del organismo y el Poder Ejecutivo Nacional, y que acaba de ser apoyado en el Congreso argentino por ambas cámaras.
Ahora la última palabra la tiene el FMI para que, a través del entendimiento, se ponga formalmente en marcha el nuevo programa de dos años y medio de duración, con metas fiscales, monetarias y de inflación. y que permitirá repagar los desembolsos del crédito por US$ 45.000 millones hasta 2034.
En concreto, la Argentina debe pagar US$ 950 millones el próximo 21 de marzo en concepto de intereses, y otros US$ 1.850 millones el día siguiente, 22, por los vencimientos de capital.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó que sin aval del Congreso para el nuevo programa, la deuda contraída por la gestión anterior no se podría afrontar, y que "no pagar implicaba ajuste, caída de la producción y el empleo".
"Logramos un acuerdo radicalmente diferente de todos los que históricamente se tuvieron con el FMI. No hay quita de derechos ni a trabajadores ni a jubilados", destacó Guzmán en su cuenta de la red social Twitter.
"Nunca un acuerdo con el FMI tuvo apoyo social y político federal de tal magnitud", afirmó Guzmán, y destacó que el acuerdo "por primera vez en la historia pasó por el Congreso y logró un nivel de adhesión del 80%", destacando que "también acompañaron sindicatos, el sector privado, universidades, movimientos sociales y la sociedad civil".
"Ahora, el siguiente paso es la aprobación del directorio del FMI. Esperamos el apoyo multilateral. Traerá más estabilidad para Argentina, América Latina y el mundo", sostuvo Guzmán.
En la previa a la votación en el Senado, el vocero del FMI, Gerry Rice, había manifestado el jueves que "un amplio apoyo político y social en la Argentina sería fundamental para el éxito general del programa económico", algo que fue luego ratificado luego tras conocerse los resultados en la Cámara alta.
También reconoció el aumento del nivel de incertidumbre mundial y la escalada de precios internacionales a raíz de la guerra en Ucrania, algo que podría eventualmente afectar la marcha del programa.
Según Rice, al acuerdo buscará "comenzar a reducir la persistente alta inflación a través de una estrategia múltiple que implica una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal, y un nuevo marco para la implementación de la política monetaria para generar tasas de interés reales positivas, para respaldar los activos en pesos".
Esto "será una tarea desafiante a la luz de la coyuntura mundial en evolución, ya que el aumento de los precios de las materias primas está afectando la inflación en todo el mundo", continuó Rice.
En tanto, si el directorio aprueba el entendimiento -algo que los analistas en Washington le asignan una alta probabilidad de que ocurra-, se activará el programa que comenzará con desembolsos por US$ 9.800 millones, necesarios para hacer frente a los vencimientos de esta semana con el FMI y para la recuperación de las reservas.
Asimismo, dará lugar a una serie de 10 revisiones trimestrales, con misiones y reuniones públicas y virtuales, necesarias para activar los desembolsos subsiguientes, hasta completar los US$ 45.000 millones en el lapso de dos años y medio.
En este sentido, se destaca que el dinero ingresado durante el primer año permitirá un financiamiento neto del FMI equivalente al 0,7% del PIB, que favorecerá a la acumulación de reservas del BCRA.
A esto se sumaría un financiamiento adicional de US$ 2.600 millones de otros organismos multilaterales, para ayudar a cerrar el bache fiscal de este año.
Entre las pautas del convenio, un punto fuerte es que prevé una suba en el gasto social y para infraestructura, al tiempo que no contempla la implementación de reformas en el plano laboral y previsional, lo que le quita el estigma de "ajuste" que tradicionalmente llevaron los acuerdos firmados por la Argentina con el FMI en el pasado.
En este sentido habrá más fondos para inclusión social y más inversión en obra pública, que superará el equivalente al 2% del PIB.
El acuerdo fija un paquete de metas cuantitativas para poder activar los desembolsos trimestrales, que cuenta con los siguientes puntos:
- Cuenta fiscal: una reducción del déficit fiscal con metas de déficit primario de 2,5% del PIB en 2022, de 1,9% del PIB en 2023 y de 0,9% en 2024;
- Reservas: se proyecta que la cuenta corriente externa se mantendrá en superávit. "Esto, junto a un aumento de la inversión extranjera directa (IED) y la entrada de flujos oficiales netos, facilitará una acumulación de reservas netas de USD 15.000 millones a lo largo del programa y reforzará el régimen de deslizamiento cambiario (crawling peg);
Asimismo, el Gobierno se comprometió a "reducir de forma duradera la persistente inflación elevada mediante una estrategia de varios frentes que incluya una combinación de políticas fiscales, monetarias y de precios e ingresos", entre las políticas destacadas.
En este marco, para 2022 se espera que la inflación se ubique dentro de un rango de 38% a 48%; para 2023 en 34%/42%; y para 2024, el último año de duración del programa inicial con el FMI, en un rango de entre 29% y 37%, bajo un esquema gradual.
Por otro lado, el Gobierno nacional apunta a "reducir los costos de la energía y mejorar la focalización de los subsidios", pero manteniendo "asegurada la protección de los hogares de más bajos ingresos".