Luego de lograr que la mina de potasio pasara al Estado mendocino y de recuperar 250 millones de dólares en activos, el Gobierno de Mendoza avanza con el llamado a licitación para un banco de inversiones encargado de la selección de los potenciales interesados en asociarse o comprar el yacimiento ubicado en Malargüe.
Se trata de un proceso previo que garantizará la transparencia, la claridad de información para los interesados y la certeza para que el plan de negocios ofrezca perspectivas a futuro.
El Gobernador Rodolfo Suarez; los ministros de Economía y Energía, Enrique Vaquié; Infraestructura y Planificación Pública, Mario Isgro; Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, y el gerente del yacimiento por parte del Estado, Emilio Guiñazú, participaron en el encuentro.
La entidad seleccionada dará los servicios de consultoría con costo cero para la Provincia: se trabajará con la modalidad success fee, es decir, se abonará según el éxito de la operatoria y el costo se incluirá en la licitación de la mina. Esta modalidad ahorrará tiempo y dinero tanto al Estado como a los potenciales interesados, que se presentarán a una licitación con asesoría permanente.
Cabe recordar que en diciembre 2020 la Legislatura sancionó la ley de traspaso de Potasio Río Colorado a la Provincia. Ratificó así un acuerdo histórico firmado entre el Gobernador Rodolfo Suarez y la empresa Vale. En febrero, la Provincia tomó posesión de los activos, que incluyen un predio de 80 mil hectáreas de servicios, con aeropuerto en condiciones de funcionar y con capacidad para que coman y se alojen 3 mil personas.
La mina llevaba 13 años inactiva luego de la partida de Vale, por lo que el Gobierno de Suarez, junto con el equipo del Ministerio de Economía y Energía y directivos de Potasio Río Colorado (PRC), realizó un trabajo de investigación previa que garantice la seriedad y el compromiso de los futuros inversores.
“Desde febrero hemos realizado un trabajo de prospección comercial con el objetivo de no solamente identificar a potenciales interesados en invertir, asociarse o comprar el proyecto PRC, sino también identificar cuál es el proceso más adecuado para lograr la incorporación eficaz de esos socios”, detalló Emilio Guiñazú, gerente del yacimiento por parte del Estado.
“Hemos tomado contacto con más de diez empresas y con embajadas de diferentes países. Hemos estudiado otros casos similares en Argentina y en el mundo. La conclusión a la que llegamos es que, por el tamaño de la operación, el mecanismo más eficaz, transparente y que mayor garantía nos ofrece de alcanzar un resultado positivo es trabajar junto con un banco especialista en procesos de fusiones y adquisiciones”.
El trabajo de este banco, que debe tener prestigio mundial y trayectoria, será identificar a los potenciales interesados y preparar el material para que puedan analizar números, perspectivas y proyecciones de forma adecuada.
“Muchos de los inversores ven en el banco inversor que lleva adelante el proceso de calidad la transparencia, información y veracidad de los datos que se toman para evaluar inversiones”, recalcó Guiñazú.
La Provincia, durante estos siete meses, ha contactado a los principales bancos de inversión del mundo, que han manifestado su interés en participar en este proceso. Así, Mendoza abrirá la licitación en setiembre para comenzar con este trabajo en octubre.
“Una vez aprobados los pliegos en el directorio, se llamará a licitación. Vamos a dar unos 30 días para el análisis y la preparación de ofertas y en octubre se tendrá el banco de inversión seleccionado”, agregó Guiñazú.
El Gobierno de Suarez logró, luego de arduas negociaciones, que la minera Vale traspasara sus activos a la Provincia. Llevaba más de 7 años de inactividad y había dejado 6 mil personas sin empleo.
En diciembre se aprobó la ley de traspaso y en febrero la Provincia tomó posesión para comenzar con el proceso de reactivación, que hoy da sus primeros pasos.
El traspaso de los activos tuvo costo cero para el Estado, y el servicio de consultoría también tendrá esta modalidad: el objetivo final son las inversiones y empleo el genuino con cuidado de los activos, que pertenecen a todos los mendocinos.
Con el traspaso, Mendoza logró salvar los derechos mineros, conservar los estudios y aprobaciones de impacto ambiental y todos los activos físicos: 80 mil hectáreas, con aeropuerto operativo y capacidad para alojar a 3 mil personas.
La mina, una de las más grandes del mundo y con mayor potencial de Latinoamérica, se proyecta para tres actividades centrales: extracción y exportación sales de potasio, con alta demanda interna y externa; producción de soda Solvay, materia prima para fabricar vidrio, y provisión de servicios para industrias y pymes que operan en el Sur.
