Con un ajustado quórum en el recinto, el Frente de Todos logró habilitar una sesión luego de tres meses, y al cabo de un tenso debate con la oposición consiguió aprobar el proyecto de regularización de deudas previsionales.
Con 134 votos afirmativos y 107 negativos, el oficialismo logró la sanción de esta moratoria previsional que permitirá que cerca de 800.000 personas que no alcanzan los 30 años de aportes tengan la posibilidad de jubilarse.
Juntos por el Cambio se opuso a la moratoria previsional por considerarla un "parche" que no hace justicia con las personas que aportaron a la seguridad social toda la vida.
"El sistema contributivo debe guardar un sentido de equidad: debe haber una correlación entre los beneficios otorgados en la práctica y el esfuerzo contributivo que cada ciudadano ha realizado", había anticipado la coalición opositora en un comunicado momentos antes del inicio de la sesión.
El debate sobre la moratoria previsional
La sanción de esta norma fue vivida por el oficialismo con una intensidad inusitada y se festejó alocadamente (incluyendo la simbólica Marcha peronista), una gestualidad que generó malestar en la bancada de Juntos por el Cambio, que tomó las celebraciones como una "provocación".
De hecho, en varias ocasiones diputados de la oposición como Silvia Lospennato le reclamaron a viva voz a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, que llamara al orden para hacer cesar el ritual "de cancha", pero no lograron aplacar la alegría de un oficialismo que vivió el resultado como un desahogo, después de meses sin poder mostrar logros ni en materia legislativa ni tampoco en otros ámbitos como la economía.
En medio de los tironeos permanentes y las fisuras internas entre sus distintas facciones, el Frente de Todos precisaba de "un triunfo", por más modesto que fuere, para sacar cabeza y afrontar los desafíos venideros con otro espíritu.
La exaltación de la fotografía final se explica no tanto por el tamaño de la medida sino más bien por lo arduo y espinoso que la búsqueda de consensos mínimos para reflotar la moratoria, cuyo tratamiento estuvo paralizado desde que Juntos por el Cambio hizo caer la sesión del 24 de diciembre del año pasado en la que iba a votarse. De hecho, el programa de regularización de deudas previsionales caducó el 31 de diciembre, por lo que hubo dos meses en que la moratoria no estuvo vigente.
El momento más crítico se dio en el comienzo, cuando había que garantizar un quórum que estuvo a punto de escurrirse. El oficialismo había logrado asistencia perfecta con sus 118 integrantes sentados en sus bancas (incluida la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau), sumado a los cuatro diputados del Frente de Izquierda, dos diputados del Frente de la Concordia y Luis Di Giácomo de Juntos Somos Río Negro, pero faltando un puñado de minutos para las 11hs todavía restaban cuatro representantes para llegar al número de 129.
A último momento ingresaron los socialistas santafesinos Mónica Fein y Enrique Estévez, seguido de los peronistas disidentes de Identidad Bonaerense Alejandro "Topo" Rodríguez y Graciela Camaño. Con la sesión iniciada, los diputados de Juntos por el Cambio bajaron al recinto para participar del debate.
La Cámara baja no sesionaba desde el 24 de noviembre pasado, hace más de tres meses: en diciembre hubo tres sesiones que se cayeron estrepitosamente por la reticencia de Juntos por el Cambio a otorgar quórum, en el marco de su pelea pública con el Frente de Todos por el conflicto del Consejo de la Magistratura.
El primer tramo de la sesión estuvo monopolizado por las numerosas cuestiones de privilegio que pidieron los representantes de Juntos por el Cambio. Por caso, el titular del bloque de la Coalición Cívica y vicepresidente de la comisión de Juicio Político, Juan Manuel López (Coalición Cívica) cargó contra el oficialismo por utilizar la "mayoría automática" que detenta en la comisión de Juicio Político para convertirla en "una comisión de inteligencia de hecho".
Por su parte, la diputada del Frente de izquierda Romina del Plá usó una cuestión de privilegio contra su par de Avanza Libertad José Luis Espert por sus reiteradas amenazas al dirigente social del Polo Obrero Eduardo Belliboni, con la expresión "cárcel o bala", que catalogó como un "ataque fascista".
La sesión atravesó otro momento de tensión y zozobra cuando Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) denunció a los gritos la presencia en los palcos del recinto de Carlos Ortega, el gremialista de la seguridad social al que le atribuyó la autoría intelectual de los afiches de escrache hacia los legisladores nacionales que están en contra del proyecto de moratoria previsional.
La propuesta, una de las que estuvo incluida en el temario de la sesión de hoy por la mañana en Diputados, fue votada por el Senado el 30 de junio pasado y luego durmió una larga siesta en la cámara baja durante seis meses, hasta que se intentó llevarlo al recinto el 21 de diciembre. Pero ese día no hubo sesión por falta de quórum.
Hasta el último día de 2022 rigió la moratoria de la ley 26.970,que les permitía a las mujeres de 60 a 64 años declarar deudas por aportes de períodos previos a 2004. En tanto, sigue en pie otra moratoria, la de la ley 24.476, que es para mujeres y varones, pero que tiene un alcance muy limitado, porque permite declarar deudas por aportes no hechos en períodos previos a octubre de 1993. Las mujeres que cumplen 60 años podrían entrar a ese plan por 12 años y 8 meses de contribuciones faltantes, y los varones, por 17 años y 8 meses.
Para el primer grupo (el de quienes tengan la edad jubilatoria o la cumplan en los próximos dos años) se crearía la “Unidad de pago de deuda previsional”, que valdría, cada una, un mes de aporte. Con la adquisición se generaría una deuda con el Estado, que se cancelaría mediante descuentos en los haberes, en hasta 120 meses. Podrían declararse aportes por períodos previos al inicio de 2009.
Una condición es que, en el momento del período más antiguo que se declara como adeudado, se debe haber tenido al menos 18 años. Por eso, si el sistema rige desde marzo de este año las mujeres podrían comprar hasta 27 años y 10 meses de aportes y los varones podrían acceder a los 30 años exigidos por ley. El régimen también admitiría que, con la compra de aportes, los derechohabientes de un fallecido –que haya estado registrado– puedan cobrar una pensión.
También se crearía la llamada “Unidad de cancelación de aportes previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad”, que podría ser adquirida por personas a las que les falten hasta 10 años para a la edad jubilatoria. Cada unidad valdría un mes de contribución y podrían comprarse solo períodos “anteriores al 31 de marzo de 2012″, según el proyecto, siempre que el solicitante no haya estado trabajando de manera registrada –ni como dependiente, ni como autónomo ni como monotributista– en los meses declarados.
Cada mes de aporte, en ambos planes, tendría un precio equivalente al 29% de la remuneración mínima que rige para calcular los descuentos de la seguridad social. Esa referencia se actualiza cada tres meses según el índice de movilidad (por tanto, el precio también variaría con frecuencia trimestral). En marzo, el valor de cada unidad sería de $5729,97. Si se necesitaran 20 años, la deuda tendría un valor inicial, actualizable, de $1.375.192,80. Y si se pagara en 120 cuotas, la primera sería de $11.459,94.
En el proyecto se indica que quienes adhieran al plan deben haber residido en el país en los períodos por los que declaran deuda. También se prevé la incompatibilidad de los beneficios otorgados vía el plan con “el goce de otra prestación previsional de cualquier naturaleza”, con la excepción del cobro de un único beneficio, si es contributivo y no mayor al haber mínimo. De todas maneras, se podría renunciar al cobro de otra mensualidad para acceder al programa.
Para quienes están en edad activa, además de los requisitos relacionados con los períodos declarados (residencia en el país y no haber trabajado de manera registrada), se establecería la exigencia de acreditar que se tienen ingresos para pagar la obligación tomada.
Por otra parte, el texto le delega a la Anses la facultad de fijar los parámetros para acceder al plan de cancelación de deuda, sobre la base de “evaluaciones patrimoniales o socioeconómicas objetivas”. Esa condición rigió y rige también para el ingreso a las moratorias.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, en el primer año de la eventual vigencia del régimen podrían recibir su jubilación, haciendo uso de la modalidad, unas 494.242 personas (casi el 80%, mujeres). En cuanto a la población masculina, la hipótesis es que dejarían de solicitar la PUAM e irían al nuevo plan (las mujeres también pueden acceder a la PUAM, pero con una espera de cinco años más respecto de la edad de jubilación, es decir, a los 65 años). En el segundo año se agregarían a la jubilación por la vía propuesta, según la estimación del citado centro de estudios, otras 225.409 personas.
Los datos son, claramente, luces de alerta respecto de la necesidad de revisar las exigencias de la ley jubilatoria y, a la vez, de generar un debate sobre cómo solucionar las deficiencias del mercado laboral. Las moratorias y el proyecto actual son respuestas solo temporales, que provocan inequidades, a problemas fuertemente enraizados.