El Senado provincial aprobó este martes la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor con el objetivo de brindarle una respuesta más veloz a los consumidores mendocinos. Los cambios apuntan los artículos 41 y 42 de la Ley Nº 9.314.
De esta manera, se busca que la Dirección de Defensa al Consumidor ejecute las multas de manera inmediata, independientemente de los recursos legales que presenten los proveedores o empresas infractoras.
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En Cámara de Diputados, se había considerado conveniente modificar la Ley Nº 5.547, que establece la legislación provincial de fondo. En particular, se propuso reformar el artículo 61 para establecer un mecanismo claro de distribución de los recursos que se generan a través de las multas.
El esquema de distribución planteado por el proyecto establece que el 50% de los fondos recaudados será destinado a los municipios que hayan firmado convenios con la Dirección de Defensa del Consumidor y que sean los originadores de las multas, mientras que el otro 50% se utilizará para fortalecer la Dirección. Este fortalecimiento se enfocará en la modernización tecnológica, la capacitación del personal y la difusión de los derechos de los consumidores.
Además, la Dirección tendrá una cuenta habilitada que le permitirá gestionar los recursos recaudados y, en los casos en que una multa sea revocada, también tendrá la responsabilidad de devolver los montos cobrados de manera indebida.
Otro de los puntos principales del proyecto está vinculado a la ejecución de las multas, no será suspendida por la interposición de recursos. De este modo, las empresas infractoras deberán abonar las sanciones mientras siguen adelante con su proceso de apelación, lo que garantizará que las multas se hagan efectivas en un plazo razonable.
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El régimen jurídico actual exige que las sanciones administrativas adquieran firmeza antes de su ejecución, lo que ha generado demoras en la aplicación de las multas. La nueva redacción de la ley busca corregir esta situación, permitiendo que las sanciones se ejecuten de inmediato sin obstaculizar el derecho de defensa de las empresas, ya que estas podrán continuar con su apelación, pero con la multa ya abonada.
El proyecto que fue aprobado por el Senado deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo, para que se permita un control más efectivo sobre las empresas que incumplan con los derechos de los consumidores, brindando mayor seguridad jurídica y agilidad en la resolución de los casos.