La Corte Suprema le dio la razón a la Ciudad y otorgó una cautelar para que Horacio Rodríguez Larreta reciba el 2,95% de coparticipación. El porcentaje es menor al 3,5% que reclamaba el gobierno porteño, pero el doble del que pretendía transferir Alberto Fernández.
La causa continuará desarrollándose en el la Justicia hasta que llegue la decisión final. Sin embargo, Nación deberá comenzar a transferirle de manera diaria y automática los fondos que dispuso la Corte.
El fallo fue firmado por unanimidad por Horacio Rosatti, Carlos Ronsenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. La cautelar zanja una disputa que comenzó en septiembre de 2020, cuando tras un conflicto con la Bonaerense, Alberto decidió recortar el aumento que había otorgado Mauricio Macri a la Ciudad por la transferencia de la policía.
El Presidente recortó en dos tramos tras la suba otorgada por Mauricio Macri. El primer recorte fue vía decreto en septiembre de 2020 y la segunda poda pasó por el Congreso meses más tarde.
Cuando asumió la Presidencia Fernández avisó que estudiaría el aumento otorgado por Macri al traspasar la policía a la Ciudad. El ex Presidente subió en 2,1% el porcentaje que recibía el distrito y tras el cambio de gobierno el incremento volvió a cero, por eso CABA recibe el 1,4% histórico que se fijó en 2003 casi diez años después de la reforma constitucional.
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EL ARGUMENTO DEL GOBIERNO NACIONAL
A través del ministro del Interior, Eduardo ‘Wado' De Pedro, el Estado Nacional cuestionó la legitimidad del decreto 194 de Macri, de enero de 2016, con el que se duplicó el porcentaje de fondos destinados a la Ciudad, del 1,40% a 3,75%. Al Estado Nacional se aliaron un amplio número de provincias cuyos gobernadores reclamaron a la Corte Suprema ser escuchados en calidad de amicus curiae a la par de fijar posturas públicas a través de comunicados y cartas al máximo tribunal.
Tanto el Gobierno nacional como la mayor parte de las provincias entendieron que el porcentaje fijado por el entonces gobierno de Cambiemos fue establecido de modo arbitrario y en desmedro de los recursos que se direccionaban hacia sus jurisdicciones. Ahora se espera la respuesta política por parte del Gobierno respecto a si acatará o no el fallo.
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