La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo en Mendoza donde visitó el Banco de Huellas Genéticas de la provincia. La visita se produjo un día antes de que la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación debata la aplicación de una tecnología similar en todo el país.
Bullrich destacó que la utilización de análisis genéticos para resolver casos criminales en Mendoza es una experiencia piloto que puede ser imitada en todo el país. "Mendoza tiene la mayor cantidad de muestras genéticas de Sudamérica y queremos que el resto del país dé ese salto hacia la modernización, que es en definitiva una herramienta contra la impunidad", dijo.
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La ministra también promociona la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, que permitiría recopilar y analizar muestras genéticas de todo el país. "Estoy trabajando para que Argentina tenga esta ley de ADN", agregó.
En el marco del encuentro, el gobernador Alfredo Cornejo destacó la positiva experiencia mendocina en la utilización de datos genéticos. "En 7 años hubo 1.063 match positivos que han impactado en más de 4.500 investigaciones", dijo.
Cornejo también destacó que gracias a la colaboración con la provincia de La Pampa, se han podido atrapar a delincuentes que operaban en Mendoza. "Por esto es relevante que Diputados le dé media sanción a este proyecto, que corrige una ley nacional que destinaba este tipo de análisis solo a delitos sexuales. Aspiramos a cargar al 10% de la población en el banco de datos", sugirió.
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Además, Bullrich habló sobre la propuesta de ley "Ley Antimafias", que busca imponer penas más duras a los miembros de organizaciones criminales y regularizar las armas de personas que alguna vez fueron legítimos usuarios.
Ley Antimafias
“La ley Bases de seguridad”: así bautizó la ministra a una serie de propuestas que ya se discuten en la Cámara de Diputados.
Entre sus principales propuestas se encuentra el incremento de penas para delitos graves, como narcotráfico, trata de personas y venta ilegal de órganos. Por este motivo, el proyecto propone una reforma del Código Penal para establecer penas de 8 a 20 años de prisión por pertenencia a una asociación ilícita (actualmente se imponen las escalas de acuerdo a la participación que tuvo cada miembro en el delito).
También determina que si un miembro de una organización criminal comete un delito grave, todos los demás miembros de la organización recibirán la misma pena, considerándolos cómplices necesarios del delito.
Además, introduce la figura de la Zona de Investigación Especial, destinada a agilizar los procesos judiciales, lo que permitiría la extinción de dominio de bienes obtenidos a través de actividades criminales.